Cuestión de ética, o cuando las evidencias mandan

Cuando el pasado 28 de marzo Agustín Díaz de Mera, eurodiputado del Partido Popular, ex-director general de la Policía y ex director del vivero del cuerpo -la escuela de la Policía en Ávila- se convirtió en una de las estrellas mediáticas del juicio al ser preguntado por un abogado amigo sobre un supuesto informe que avalaba las relaciones de ETA con el 11-M, nadie pensaba que aquello iba a dar tanto juego. El eurodiputado popular, incondicional de Ángel Acebes, entró de lleno al trapo y ratificó, punto por punto, algo que ya había dicho meses antes en una emisora amiga, olvidándose de que en esos momentos estaba declarando como testigo -obligado, por tanto, a decir la verdad- ante un tribunal de Justicia y no ante Jiménez Losantos. Siguió al pie de la letra algo tan poco castellano como el «dis que din que me dixeron» y salió de allí con una multa de 1.000 euros y como imputado como presunto autor de un delito de desobediencia grave a un tribunal de Justicia, porque no quiso -ahora se evidenció que no podía- manifestar la fuente de una aseveración de tanta trascendencia. Oportunidades para enmendar su error no le faltaron -el presidente del tribunal tuvo a bien el pedirle por favor que recapacitase su negativa-, pero él se empeñó en «sostenella y no enmendalla». Mala pasada Quiso arreglarlo días más tarde con una carta personal a Javier Gómez Bermúdez en la que revelaba el nombre de su fuente, pero el calendario le jugó una mala pasada, porque cuando el presidente del tribunal recibió la carta, tras el paréntesis de las vacaciones de Semana Santa, ya la fuente había salido a la palestra para poner las cosas en su sitio. Visto lo visto, el ciudadano de a pie, después de lo dicho ayer por la fuente en cuestión ante el tribunal, se pregunta ¿qué piensan hacer el eurodiputado y el partido que le respalda, además de nombrar abogado y procurador para que le defiendan de los cargos que pesan contra él? Es una cuestión de ética y, a estas alturas, las evidencias mandan.