La inteligencia militar de EE.UU. deberá notificar sus actividades en suelo español

Los servicios de información militar de Estados Unidos, adscritos en España a las unidades de la Marina y la Fuerza Aérea destacadas en las bases de Rota y Morón, tendrán que acreditar a sus agentes ante las autoridades españolas, a las que deberán informar con antelación de sus actividades. Defensa suscribió ayer un acuerdo que regula la actuación en España del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFOSI) de Estados Unidos, y que faculta a esos órganos para investigar amenazas terroristas o sucesos que afecten a su país. El acuerdo suscrito emana de las modificaciones introducidas en 2002, durante el mandato de José María Aznar, en el Convenio de Cooperación Militar entre España y Estados Unidos. En su artículo 17.6, el nuevo protocolo autorizó la presencia de agentes estadounidenses para indagar en «asuntos de interés mutuo» o realizar «investigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos». Además, estableció que los dos países fijarían las condiciones de esas actuaciones, algo que sus gobiernos no habían hecho, por lo que hasta ahora esos agentes operaban dentro de un vacío legal. El memorando, que Estados Unidos ya firmó hace unos días y ayer ratificó por parte española el director general de Política de Defensa, Benito Federico Raggio, obliga en lo sucesivo a los agentes estadounidenses a acreditarse ante el Gobierno español y a actuar de forma conjunta con agentes de las fuerzas de seguridad españolas o del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Será «imprescindible» que todas esas actuaciones sean notificadas de antemano a las autoridades españolas, que podrán denegarlas. El Gobierno aprobará en breve un Real Decreto por el que se creará un Grupo de Asuntos de Seguridad encargado de vigilar las actividades de estos agentes, y que estará formado por representantes de los ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y del CNI. Lo pactado no afecta, según Defensa, a las investigaciones relacionadas con el caso de los vuelos de la CIA. Amenaza terrorista Los servicios de información NCIS y AFOSI -cuyo número de agentes en España no limita este acuerdo- desarrollan dos cometidos principales. El primero consiste en defender a los militares estadounidenses y a sus equipos frente a amenazas terroristas. Dentro de este apartado adoptan, por ejemplo, medidas para proteger a sus buques de potenciales riesgos durante las escalas en puertos españoles. Su segunda tarea consiste en investigar posibles delitos cometidos por sus soldados destacados en España, siempre que afecten de forma exclusiva a personal militar o civil norteamericano o a sus buques y aviones de guerra e instalaciones. La policía o el CNI darán cuenta de todas esas actividades a un juez español, que podrá renunciar a su jurisdicción cuando se investiguen, por ejemplo, crímenes en los que no haya ciudadanos ni intereses de España afectados. Por ejemplo, si un «marine» estadounidense agrede o mata a otro, el juez podrá permitir su detención y traslado a su país para ser juzgado. Si en la ejecución de cualquiera de esas acciones se apreciasen indicios de delito, el juez podrá paralizarlas y tomar medidas. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, impulsor de este memorando desde que en 2006 asumió el cargo, manifestó su «satisfacción» ante lo que considera «un buen acuerdo» que era necesario para cubrir el actual «vacío legal». Su importancia radica, explicó, en que afecta al «núcleo esencial de la soberanía española». Alonso confió en que en lo sucesivo no habrá «ninguna queja» respecto de las actuaciones de los agentes estadounidenses.