Isabel Pantoja queda en libertad tras depositar una fianza de 90.000 euros

La cantante Isabel Pantoja quedó ayer en libertad tras depositar una fianza de 90.000 euros acusada de un delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Malaya sobre corrupción en Marbella (Málaga). La artista declaró por espacio de tres horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, tras su detención en la noche del miércoles en su casa de la misma localidad. Durante el interrogatorio, el juez se interesó especialmente por la relación de Isabel Pantoja con la compra de unos terrenos en Fuengirola y en operaciones comerciales relacionadas con ganado. La artista estuvo asistida durante su declaración por su abogada, Gabriela Otondo, quien declaró después que recurrirá los cargos que se imputan a su defendida. Isabel Pantoja llegó a los juzgados a las 9.50 «aturdida y destrozada», según sus allegados, y procedente de los calabozos de la comisaría de Marbella en los que pasó la noche. Su declaración comenzó tres horas después y a las 18.30 sus familiares depositaron los 90.000 euros exigidos como fianza, lo que permitió su puesta en libertad. Dinero de Muñoz Según aseguró el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, las acusaciones sobre la artista se basan en el blanqueo «no de dinero propio de la señora Pantoja, sino de dinero que inicialmente habría sido obtenido ilegalmente por el señor Muñoz y el delito fiscal que pudiera estar implicado». La noticia de la detención de la cantante congregó ante los juzgados a cientos de curiosos que acudieron unos para dar ánimos Isabel Pantoja y otros para insultarla a ella y a su novio, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, preso por su implicación en la trama de corrupción. El arresto de la tonadillera tuvo repercusiones políticas de primer nivel. El PP vio en el caso una maniobra política del Gobierno para «despistar la atención» de otros asuntos como la no impugnación de listas electorales de ANV, tal y como aseguró Eduardo Zaplana. El portavoz del Partido Popular dejó claro que su grupo quiere que se investigue, pero aseguró que hay «desproporciones evidentes que tienen como objetivo despistar de lo esencial y trasladar realidades distintas de lo que desgraciadamente nos acompaña». Más duro aún fue el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, quien se preguntó «en qué país estamos» en el que el etarra Ignacio de Juana Chaos «se pasea por la calle» y, sin embargo, «se detiene a tonadilleras como si fueran terroristas». Al igual que Eduardo Zaplana, aseguró que se trata de «cortinas de humo» del Gobierno para «tapar sus propias vergüenzas». El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, rechazó esas acusaciones y aseguró que «los jueces actúan con total independencia y no puede establecerse ninguna relación entre una actuación política o una visita electoral con la actuación de los jueces», algo que consideró un «insulto a la independencia judicial».