«El 40% de nuestros socios son mujeres y abuelas que no pueden ver a sus nietos»

Aunque nació como asociación de padres, Sospapá prefiere denominarse como «de defensa de los derechos del niño» para no herir ningún tipo de susceptibilidades en los complicados pleitos de separaciones y divorcios. El nombre, sin embargo, deja claro el origen fundacional. Según sus portavoces en León, las relaciones con grupos feministas son más bien raros, aunque con algunas se llevan bien, sobretodo con algunas de fuera de la provincia como en Barcelona o Madrid, pero no precisamente de aquí, donde, como diría un clásico, ni siquiera se hablan. Anecdóticamente ya casi un 40% de los afiliados a Sospapá son en León mujeres, un porcentaje llamativo que no carece de importancia y que es bienvenido siempre que se «impliquen por la igualdad», aunque no deja de ser paradójico. Según el presidente de la asociación, Juan Carlos Presa, las razones son a veces más simples de lo que parecen: «tenemos no pocas abuelas que también quieren ver a sus nietos y que, en ocasiones, han pleiteado para ello con sus antiguas nueras, les da igual lo que haya pasado entre ellas y los hijos, porque se creen razonablemente en su derecho y algunas han llegado a ganar en los juzgados, aunque son las menos». Se añade también que entre estas últimas no faltan mujeres militantes en asociaciones feministas que antes no se habían planteado, ni por asomo, encontrarse en una situación así. «Tampoco faltan segundas mujeres de divorciados que reclaman por cuenta de ellos, porque los maridos no se atreven, o, incluso, feministas en, digamos, la tercera edad que antes defendían lo contrario y acuden a nosotros: si alguien tiene dudas, que me llame por teléfono». Según Presa, el furor feminista en la custodia de los hijos está dejando paso a posturas más civilizadas y cautas, aunque los jueces van siempre por detrás porque temen las reacciones de los grupos de presión más radicales. Otra cosa es la opinión pública, que guarda silencio ante los excesos, incluídos los judiciales, que dan por sistema la razón a una de las partes, siempre la femenina, en lo que ahora se ha dado en llamar «discriminación positiva», sea justo y constitucional o no. De hecho el 90% de las denuncias por maltrato doméstico se han demostrado sin fundamento en los juzgados, aunque sirven de aval previo para la custodia de los hijos y obtener una mayor pensión del ex marido. En ocasiones se traducen igualmente en penas de cárcel sin fundamento, sólo por la palabra de la mujer, pero que no tiene remedio. Las protestas en este sentido han sido numerosas y, a su vez, ratificadas por no pocos jueces y juezas, si bien con escaso eco en la calle.