El tribunal rechaza el careo entre Díaz de Mera y su supuesta fuente

Agustín Díaz de Mera no va a tener la oportunidad de carearse con su supuesta fuente, Enrique García Castaño. El tribunal del 11-M notificó ayer un auto, del que fue ponente el propio Javier Gómez Bermúdez, en el que se deniega esa y la mayoría de las nuevas pruebas solicitadas después de que se dictara el auto de apertura del juicio oral. El careo de Díaz de Mera Consuegra había sido solicitado formalmente por dos acusaciones particulares e informalmente por el propio eurodiputado en una carta dirigida al tribunal. El auto argumenta el rechazo diciendo que este tipo de pruebas sólo se practicarán «cuando no fuese conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados», y no es el caso. El auto critica a las dos acusaciones particulares que solicitan esta prueba: «No se alcanza a comprender, desde la posición procesal que les corresponde y atendiendo al objeto del proceso, cuál es el interés o incluso la legitimación de la propuesta». Veto de un informe Paralelamente, el europarlamento fue escenario ayer de un incidente que tuvo como protagonista al ex director general de la Policía y actual eurodiputado del Partido Popular. Durante una sesión de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior en Bruselas, el eurodiputado socialista Antonio Masip pidió paralizar la votación de un informe sobre intercambio de información policial de antecedentes penales, del que es ponente Díaz de Mera. «Es una contradicción que, enfrentándose a los tribunales de justicia públicamente, como lo ha hecho delante de toda España, y no colaborando con los tribunales, pretenda figurar su nombre como ponente cuando el marchamo de esta comisión es la colaboración siempre con los jueces», dijo Masip. Ante esta petición, Díaz de Mera pidió la palabra y denunció encolerizado ser objeto de un linchamiento moral. «Lo que están haciendo ustedes es un auténtico golpe bajo, y cuando utilizo el adjetivo bajo no me estoy refiriendo a la estatura que se mide en centímetros, sino bajo desde el punto de vista moral, se me está linchando moralmente», lamentó. A la largo de la sesión de ayer declararon cerca de una veintena de testigos, la mayoría de ellos mandos de la Guardia Civil en Asturias en la época de los atentados y que conformaron las desavenencias existentes en el seno del cuerpo sobre la investigación de las informaciones facilitadas por los confidentes acerca del tráfico ilícito de explosivos en la región. Depósitos de explosivos Uno de los testimonios más elocuentes e ilustrativos del descontrol existente fue el prestado por un cabo interventor de armas de la Guardia Civil del puesto de Salas que tenía encomendadas las inspecciones técnicas y oculares de los depósitos de explosivos existentes en la mina de la que salieron los utilizados en los trenes. Según este testigo, que también declaró en su condición de perito, las inspecciones se realizaban una vez al año y en la efectuada en el 2003 no se había encontrado ninguna anomalía. En su informe, a la hora de evaluar posible robo de explosivos, admitió «como hipótesis», que «algunos se sisaban». Los magistrados también rechazan la petición de la Fiscalía para que declaren en la sala el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio, y el ex jefe de la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía, Domingo Pérez Castaño. En su escrito al tribunal, Díaz de Mera acusó al primero de ser quien manipuló el informe policial para hacer desaparecer los vínculos de la banda terrorista ETA con el 11-M y dijo que el segundo fue el que redactó el informe antes de que Rubio lo manipulase. El auto explica que el principal testigo para verificar la credibilidad de la declaración de Díaz de Mera, Enrique García Castaño, ya ha sido escuchado en la sala y que, además, en los próximos días estará en el juicio el comisario José Cabanillas, el redactor final del informe.