El presidente del tribunal que juzga el 11-M dejó claro este miércoles a los procesados que «el juicio bajo ningún concepto se suspenderá», ni siquiera por la decisión de varios de ellos de iniciar una huelga de hambre. Ante el pulso que varios reos han tratado de echarle a los magistrados, Javier Gómez Bermúdez decidió iniciar la primera sesión de esta semana con un mensaje contundente: «Si persisten en su actitud serán expulsados, temporal o indefinidamente, de la vista oral y continuará el juicio en su ausencia». El magistrado ordenó incluso que se les «hidrate y alimente forzosamente» si fuera necesario. Gómez Bermúdez se preocupó de argumentar de forma prolija la decisión de apercibir a los acusados con la expulsión para evitar cualquier polémica. Explicó que la presencia de los procesados es imprescindible para iniciar el juicio porque así se garantiza al máximo su derecho a defenderse. Pero la cosa cambia cuando las vistas ya han comenzado y los reos adoptan una
con el fin de obstaculizar su normal desarrollo. Se entiende entonces, según argumentó, que han renunciado a ejercer sus derechos y se les puede expulsar. «Cualquier conducta voluntaria o deliberada no impedirá la continuación de la vista oral», concluyó. La protesta de «estómagos vacíos» la iniciaron el viernes pasado los supuestos responsables intelectuales de la masacre -Youssef Belhadj, Hassan el Haski y Rabei Osman
El Egipcio - y uno de los tres acusados de colocar las bombas en los trenes, Abdelmajid Bouchar. No fueron los únicos que este miércoles rechazaron los macarrones con tomate, las patatas con carne y las natillas que tenían para almorzar. Diez de los presos de ascendencia musulmana se sumaron a la protesta por las «injustas» acusaciones que pesan en su contra. Por tanto, sólo los dos presos españoles -Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras- y tres de los magrebíes -Rafa Zouhier, Nasreddine Bousbaa y Mohamed Bouharrat- asistieron a un almuerzo que había sido previsto para 19 comensales. Pese a que todavía no conocía de forma oficial la decisión de los diez acusados de sumarse a la huelga, el presidente les dejó un recado en su discurso inicial. Lo hizo a través de las defensas, a las que pidió que «sigan colaborando con el tribunal para poner fin a esta situación». Fuentes cercanas a los letrados trataron durante todo el día de convencer a sus defendidos para que no secundaran la protesta. La situación fue confusa, ya que algunos de los reos se levantaron en huelga, decidieron abandonarla a media mañana tras hablar con sus abogados y la retomaron a la hora de la comida debido a las «presiones» de los cabecillas. Los cuatro procesados que iniciaron la revuelta fueron los grandes protagonistas de la jornada debido a sus ostensibles gestos de debilidad. El informe final sobre los explosivos utilizados en los atentados del 11-M, que ayer recibió el tribunal, concluye que la falta de muestras adecuadas de los focos de las detonaciones en los trenes hace imposible determinar cuál fue el explosivo concreto usado para perpetrar los atentados. El estudio es todavía provisional hasta que, la próxima semana, los ocho peritos que han realizado la pericia declaren ante el tribunal. Ninguna de las más de 50 muestras recogidas en los convoyes reventados tiene más de 0,1 gramos de sustancia explosiva, y un análisis con garantías requiere al menos de unos cinco gramos. A esto se añaden los tres años de antigüedad de los restos y su deficiente estado de conservación, que se convierten en una hipoteca insalvable para un estudio tan preciso. La imposibilidad de determinar el explosivo concreto utilizado en un gran atentado terrorista no es algo inusual, sino frecuente. Con buena parte de los grandes atentados de ETA ha ocurrido lo mismo por la desintegración del artefacto y la casi total ausencia de restos o vestigios del explosivo en el escenario del atentado que permitan concretar el tipo y la marca comercial. Esta certeza, contenida en un informe de 2.397 folios, con 225 de conclusiones, no ponen en entredicho la versión oficial del sumario, que mantiene que el explosivo utilizado por el comando es Goma 2 ECO sustraída en Mina Conchita (Asturias) con la colaboración del ex minero Emilio Suárez Trashorras y de su trama delincuencial. En lo único en que coinciden los peritos que han elaborado el informe _cuatro expertos de las fuerzas de Seguridad y cuatro nombrados por acusaciones y defensas- es que todo el explosivo incautado a los terroristas en los pisos y coches usados para cometer los atentados y en las bombas que no llegaron a estallar -la mochila de Vallecas y el artefacto del frustrado ataque al AVE- es Goma 2. Cinco de ellos aseguran además que es Goma 2 de la marca comercial ECO, la fabricada en Páramo de Masa (Burgos) y robada entre diciembre y febrero del 2004 en Mina Conchita. Los peritos que estudiaron el tráfico de llamadas aseguraron que Carmen Toro, ex mujer de Emilio Suárez Trashorras, compartía con éste y su hermano Antonio el papel de «dirigentes».
