Dos de los acusados abandonan la protesta para desmarcarse de la «célula islamista»
Los huelguistas del 11-M dicen que prefieren «morir a sufrir» Los procuradores del caso cobrarán hasta 1.000 euros Un perturbado mental se atrinchera en su piso y amenaza con suicidarse Una mensajería pierde un sumario de 1.000 folios en 500 metros
Consideran que las pruebas del juicio están siendo utilizadas por los partidos políticos
La huelga de hambre emprendida por 14 de los 29 procesados por la matanza del 11-M tuvo este jueves sus primeras deserciones. Abdelillah el Fadual y Hamid Ahmidan, acusados de colaborar en la preparación y financiación de los atentados, decidieron abandonarla este jueves, apenas 24 horas después de rechazar su primera comida. Sus abogados lograron hacerles ver que la protesta sólo podía perjudicar a su defensa. No fueron los únicos en cejar en sus empeños. Los dos acusados que estaban en huelga de hambre y sed, Youssef Belhadj y Rabei Osman El Egipcio , decidieron volver a beber en «señal de respeto y agradecimiento» a sus abogados. Son los dos reos a los que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, expulsó en un par de ocasiones en la jornada del miércoles por tumbarse en los bancos de la pecera de seguridad. Los dos supuestos ideólogos de la matanza de los cercanías explicaron en una carta dirigida a sus letrados que su intención no ha sido presionar al tribunal y se declararon confiados en que «al final se hará justicia». Belhadj y El Egipcio han sido -junto con Hassan el Haski, el tercer presunto ideólogo, y Abdelmajid Bouchar, acusado como autor material- los cabecillas de una protesta que iniciaron hace una semana y a la que el miércoles se sumaron otros doce presos. En la misiva explican que su propósito es manifestar la «extrema y profunda indignación» que sienten. También ponen de manifiesto que tienen «temores (bien justificados) a que haya una sentencia política en vez de judicial, influida por la alarma social que se alimenta a diario contra nosotros de forma infundada e injustificada». Poca fe en la justicia Los huelguistas no se esforzaron por dar muestras de debilidad ni trataron de comunicarse con los presentes en la sala. La razón es que habían pactado con sus doce abogados el contenido de un comunicado que hicieron llegar al tribunal y en el que daban cuenta de sus razones. Los letrados explican en el documento que sus defendidos tienen intención de llevar la huelga de hambre «hasta sus últimas consecuencias» para protestar por el linchamiento público del que se sienten víctimas y porque «han perdido la esperanza en la justicia». El Ministerio de Justicia incrementará hasta un máximo de mil euros la retribución de los 25 procuradores del turno de oficio que representan a los procesados en el juicio por el 11-M, según el convenio de colaboración suscrito ayer con el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España. El acuerdo, firmado también por el Colegio de Procuradores de Madrid, pretende proporcionar los necesarios medios técnicos, materiales, humanos y económicos que aseguren la adecuada representación gratuita en el sumario abierto a raíz de los atentados de Madrid. El incremento de la retribución se justifica en la elevada carga de trabajo de los procuradores en un sumario formado por 250 tomos, 100.000 folios y 3.393 piezas separadas sobre heridos o lesionados. El pasado mes de agosto, el Ministerio ya firmó un convenio con el Colegio de Abogados por el que se triplicó la remuneración a los letrados del turno de oficio en este caso. Por otra parte, Yahia Mouad Mohamed Rajah, amigo de Rabei Osman El Sayed, Mohamed El Egipcio , con el que mantuvo las conversaciones grabadas por la Policía italiana en las que se atribuyó la autoría intelectual del 11-M, se negó hoy a declarar como testigo a través de videoconferencia desde Italia, donde está preso, por lo que el presidente del tribunal le explicó que al estar fuera de la jurisdicción española no se podía proceder contra él. Un hombre de 47 años, armado y con las facultades mentales perturbadas, permanecía anoche al cierre de esta edición atrincherado en su piso de Molins de Rey (Barcelona), después de echar a su madre de la vivienda, y amenazó con suicidarse e incluso con hacer daño a otras personas, según informaron fuentes de la Policía y del Ayuntamiento. El enfermo mental, Francisco J. G.C., vive con su madre en el número 19 de la calle Anselm Clavé del citado municipio barcelonés. Al parecer, todo empezó a primeras horas de la mañana con una discusión acalorada entre madre e hijo que acabó en términos muy violentos. Francisco J.G.C. echó a su madre de la vivienda y aseguró que con el arma que tenía iba a hacer «un disparate», según relató la mujer a la Policía. Una vecina que dijo haber escuchando «jaleo» en la vivienda de F.J.C.C, fue la que avisó, sobre las 11.30 horas, a la Policía local. Ante el cariz que habían tomado los acontecimientos, los agentes municipales avisaron a los servicios de emergencia, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a miembros de los servicios sociales del Ayuntamiento, que ya habían atendido al hombre en otras ocasiones. La Audiencia de Sevilla se ha visto obligada a reconstruir un sumario de mil folios y a aplazar varios meses su pago porque la empresa de mensajería contratada por la Junta perdió todos los documentos en un traslado de 500 metros entre la Audiencia y el edificio Viapol, sede de los juzgados de lo civil. Fuentes judiciales explicaron a Efe que el legajo fue enviado en marzo pasado a través de la empresa Chronoexpréss, contratada por la consejería de Justicia, desde la Sección Quinta de Audiencia al edificio Viapol, pero ahora las partes han constatado que el envío no llegó a su destino y ha desaparecido. La empresa de mensajería ha remitido una carta a la Audiencia en la que simplemente constata que «no hemos podido comprobar la entrega total de su envío», por lo que solicita que se haga una evaluación económica para reclamar una indemnización.