Los expertos cifran en 212 kilos los explosivos vendidos a los islamistas Las víctimas exoneran al Estado

La trama asturiana suministró a la célula islamista que atentó contra los trenes de Madrid el 11 de marzo unos 212 kilos de dinamita robada en la mina Conchita. Estas son las conclusiones de los peritos de la Guardia Civil que declararon ayer en el juicio sobre los métodos empleados para realizar las estimaciones. Los dos peritos concretaron que para realizar estos cálculos hicieron pesajes tras la localización de las mochilas y bolsas adquiridas por el Chino y otros miembros de la célula en el Carrefour de Avilés, el fin de semana en que se produjo el robo de dinamita en la citada mina y las usadas por los acusados Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis, y el menor conocido como el Gitanillo en sus transportes a Madrid. Así, teniendo en cuenta la capacidad de las mochilas, concluyeron que el Chino extrajo de la mina Conchita un total de 270 kilos de dinamita, dato que coincide, añadieron, con los fallos en las anotaciones de consumos de la explotación y con la apreciación de Intervención de Armas de la Guardia Civil sobre un consumo excesivo en la mina la semana previa al 28 y 29 de febrero. También declararon los peritos que verificaron los pagos realizados en los peajes de la autopista entre Asturias y Madrid con las tarjetas de Trashorras y de Carmen Toro. La lectura de la declaración judicial de un rumano que viajaba en el tren que explosionó en la estación de Santa Eugenia también señala a Jamal Zougam como uno de los mochileros. Antes lo identificaron otras cuatro víctimas. La sesión, en la que también se prorrogó de dos a cuatro años la prisión preventiva del acusado Mohamed Larbi Ben Selam, se tuvo que interrumpir por un fallo eléctrico provocado por las tormentas. Las víctimas de la masacre del 11-M han decidido no pedir al tribunal que juzga aquellos atentados la condena del Estado como responsable civil subsidiario. Ello implica que las familias de los 191 viajeros muertos en los cuatro trenes de cercanías, la del agente del geo fallecido en Leganés y los 1.841 heridos en mayor o menor grado exigirán que las indemnizaciones que les correspondan sean exigidas, en este trámite penal, sólo a aquellos condenados. No quiere decir que las acusaciones particulares no ejerzan este derecho en el futuro, al menos en algunos casos concretos, ante los tribunales de la jurisdicción civil o contencioso administrativa. Es una pura cuestión estratégica y práctica. Es casi imposible que el tribunal declare al estado responsable de los atentados del 11-M, por lo que no podrían exigir indemnizaciones.