Una inmigrante rumana muere en plena calle apuñalada por su ex marido Grande-Marlaska desoye al fiscal y reabre una causa contra Otegi Interior no prevé que Iñaki de Juana abandone el hospital donde está hasta la próxima semana

Una mujer de origen rumano de 51 años de edad murió este viernes apuñalada en pleno centro de Albacete a manos de su ex marido, de 54 años, de quien se había separado hace seis meses. Durante la agresión resultó herido el nuevo compañero de la víctima, mientras que el presunto agresor fue detenido y en las próximas horas pasará disposición judicial. Este nuevo caso de violencia doméstica ocurrió pasadas las 7.30 de la mañana en la confluencia de las calles del Rosario y Pérez Galdós. La mujer fue abordada por su ex esposo, que iba armado con un cuchillo de cocina de 23 centímetros de hoja. Sin apenas mediar palabra el agresor le asestó una veintena de puñaladas que resultaron mortales y en su acción también hirió levemente al actual compañero sentimental de la fallecida, un ciudadano rumano de 51 años. Gritos de la mujer Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos de la zona, que fueron quienes avisaron a la Policía de lo ocurrido. Minutos más tarde los agentes detenían al ex marido de la víctima con la ayuda del novio de la mujer asesinada que tuvo que ser evacuado al Hospital General Universitario de Albacete para ser tratado de sus heridas. A este hospital también fue conducida la hija de la víctima, Vastea Gabriel, de 22 años, por haber sufrido una fuerte crisis de ansiedad. «Yo estaba en la casa y ella estaba en la calle. Él (el agresor) estaba esperándola y cuando la ha visto ha corrido hacia ella con un cuchillo», relató la joven tras ser dada de alta en el hospital. La víctima mortal de este nuevo episodio de violencia doméstica y su asesino se habían separado hace seis meses en Rumanía, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Albacete, José Herreros. Aunque en España no constaba denuncia alguna por presuntos malos tratos, la fallecida había presentado una denuncia en su país por presuntas amenazas de su ex marido. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ignoró ayer el criterio del fiscal y ordenó reabrir una causa contra Arnaldo Otegi y otros 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna por los delitos de enaltecimiento de ETA y manifestación ilegal durante el homenaje tributado en el 2003 a un miembro de la organización terrorista fallecido. Marlaska considera que los 24 imputados cometieron ambos delitos, «en grado de seria probabilidad», con su participación «activa» el 20 de septiembre del 2003 en una marcha por el centro de Bilbao, con la que se homenajeó a Arkaitz Otazua, un etarra muerto seis días antes en un tiroteo con la Ertzaintza en el alavés Alto de Herrera. El magistrado ordenó ayer que la causa volviese a la fase de instrucción dos meses después de que, a petición de la Fiscalía, acordase el archivo provisional de las actuaciones por falta de pruebas sobre la existencia de los delitos. El cambio de actitud se debe a la aparición de un vídeo de Antena 3 Televisión sobre la manifestación, del que el juez tuvo conocimiento tras decretar el archivo de las actuaciones, y en el que, en su opinión, hay elementos suficientes para actuar contra los imputados. Grande-Marlaska no sólo ha ignorado la opinión del fiscal, que el martes pasado volvió a reclamar el archivo de las actuaciones, sino que en el auto de ayer recrimina al representante del Ministerio Público que el día del visionado del vídeo en su despacho, el pasado 25 de abril, abandonase la habitación antes de escuchar la traducción del euskera al castellano de las palabras de Otegi al término de la manifestación, expresiones que, en su opinión, son fundamentales. Batasuna estaba ilegalizada El juez cree demostrado por la cinta que la manifestación la organizó Batasuna, pese a estar ilegalizada por el Tribunal Supremo desde seis meses antes, y que la marcha se convirtió en una «loa» a los miembros de ETA y a Otazua en particular. Considera, «en grado de seria probabilidad», que hay elementos bastantes «sobre la participación en un delito de manifestación ilegal y/o enaltecimiento por el conjunto de los miembros de la ilegalizada Batasuna (24)» que participaron en la marcha. El instructor considera que Otegi, en el discurso final, actuó como portavoz de Batasuna y que «trasladaba lo que había decidido la Mesa Nacional». El auto señala que hay múltiples indicios de la comisión de ambos delitos: el despliegue de grandes fotos y pancartas con «loas y exaltaciones» de Otazua, una ofrenda floral en su memoria, la participación «activa» de «la plana mayor de Batasuna» y, sobre todo, las palabras del portavoz de la Mesa Nacional. Grande-Marlaska destaca que Otegi comenzó con un «¡Viva Euskal Herria libre, viva el soldado vasco», que exaltó la figura de Otazua, que calificó de «asesinato» la muerte del etarra cuando trataba de emboscar a una patrulla de la Ertzaintza. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias cree que el preso de ETA Iñaki de Juana no abandonará el hospital Donostia de San Sebastián hasta la próxima semana. Hasta este viernes, este departamento no había recibido ningún informe médico del centro sanitario referido al recluso y, en consecuencia, no se ha producido ningún cambio en su situación penitenciaria. El Gobierno no tiene constancia alguna de que De Juana haya recibido autorización de los médicos para abandonar el centro sanitario y, en consecuencia, no ha tomado ninguna decisión sobre su situación. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que el Ejecutivo se limitará a actuar «con la ley en la mano», cumplirá las disposiciones penitenciarias pertinentes y seguirá los procedimientos establecidos en caso de que el preso reciba el alta que ha solicitado. La portavoz gubernamental reclamó que nadie vea nada extraño en el trato a De Juana porque en su caso se aplica la misma ley que «permite detener y encarcelar a un etarra». Esa misma norma, agregó, posibilita «la concesión de un determinado régimen penitenciario». Fernández de la Vega reclamó, en consecuencia, que los ciudadanos tengan «plena confianza». Los pasos que se vayan a dar con De Juana se darán la próxima semana ya que, según fuentes penitenciarias, Interior no ha recibido ningún certificado del hospital donostiarra y no tiene constancia de que se hayan producido cambios en el estado de salud del recluso. Medidas de control Otras informaciones procedentes del hospital donostiarra apuntan a que la razón de que no se haya remitido el alta a Instituciones Penitenciarias es que el recluso tiene concedido ese certificado, pero se niega a usar la pulsera de control telemático que permitirá vigilar sus movimientos fuera del centro sanitario. La concesión de la prisión atenuada estuvo supeditada a que el terrorista aceptase este sistema de control. Fuentes penitenciarias dijeron ignorar esta negativa. El Ministerio del Interior baraja la posibilidad de que el terrorista reciba un alta hospitalaria, que no médica, que permitiría el traslado a su domicilio bajo el previsto control telemático con la obligación de asistir a consultas ambulatorias. El alta hospitalaria no exime al paciente de seguir con atención médica, mientras que el alta médica implica que no requiere de más cuidados y, por tanto, no requiere un control de los facultativos. De esta forma, indicaron fuentes gubernamentales, se mantendría un estrecho control de la actividad de De Juana sin necesidad de trasladar al preso a la enfermería de la cárcel donostiarra de Martutene para seguir su recuperación, que es otra de las alternativas que está sobre la mesa. Que vuelva a prisión El secretario general de los populares, Ángel Acebes, sostuvo este viernes que «lo lógico, lo justo y lo legal» es que De Juana regrese a prisión para cumplir lo que falta de la condena a tres años. De no ser así, sostuvo, el Gobierno cometería «un gravísimo error». Acebes señaló que no hay razones para que no vuelva a la cárcel ya que «no existe» riesgo para su vida y, además, «no se ha arrepentido ni pedido perdón por ninguno de sus crímenes». El dirigente opositor aseguró que el Ejecutivo «está a tiempo» de no permitir que el preso se vaya a su casa.