El juez archiva la querella por el Yak-42 y exonera al Gobierno del PP

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó ayer la querella contra el Ministerio de Defensa interpuesta por la asociación de familiares de las víctimas del accidente del Yakovlev 42 en Turquía en mayo del 2003 en el que fallecieron 62 militares españoles. Según el magistrado, no puede imputarse al Gobierno, presidido entonces por el PP, un delito de imprudencia con resultado de muerte por la contratación de la aeronave. Marlaska asegura que el Ministerio de Defensa no tenía «obligación concreta relativa al deber de verificar que la aeronave se encontraba en perfecto estado de mantenimiento». Entiende el juez que tampoco le correspondía al ministerio comprobar previamente que la tripulación contratada gozaba de las licencias necesarias y tampoco que se cumplieran los necesarios horarios de descanso. Los deberes A su juicio, esos deberes «pesaban sobre la empresa contratista », Chapman Freeborn, que a su vez fue contratada por la Agencia de Abastecimiento y Mantenimiento de la Otan (Namsa). «Cuestión distinta -dice el auto- sería la de valorar la pertinencia o no de haber exigido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas». Marlaska afirma que «independientemente de que no funcionara el control de voz en cabina desde hacía 45 días» y «aún cuando no eran fiables los marcadores de combustible», el avión estaba «en perfectas condiciones técnicas, había pasado todos los controles de mantenimiento y era apto para volar». «No fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas, del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características citadas», dice el auto. Responsabilidad del Estado El juez abre la vía para que los afectados reclamen una indemnización al Estado. Explica que archiva la causa ante «la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español» pero «sin perjuicio de que las propias circunstancias de la contratación del transporte aéreo vía Namsa, y sus propias características, difiriendo el control por parte de las autoridades españolas pudiera conjugar una concreta responsabilidad patrimonial del Estado». Grande-Marlaska mantiene abierta una pieza separada de este sumario en la que se investigan posibles responsabilidades en la identificación de los cadáveres. El PSOE, que promovió debates en el Congreso en los que apoyó las denuncias de los familiares, destacó en un comunicado que «todavía sigue abierta la causa por las irregularidades en la identificación de los cadáveres».