| Crónica | «La vía abierta» |
Ese resquicio constitucional
El fallo del TC de 1984, que desestimó el recurso de anticonstitucionalidad de la formación de la comunidad autónoma actual, no analiza «si León puede segregarse, ni cómo», porque «todavía nadie lo ha preguntado»
Imagen de una de las protestas que se convocó en los ochenta para pedir la autonomía leonesa
Una llamada a primera hora de la mañana entra en el gabinete de prensa del Tribunal Constitucional. «Si llamas de León será para preguntar por ese resquicio para segregarse de Castilla», se adelanta el trabajador judicial, quien concede que adivina la pregunta porque lee «prensa leonesa». La conversación deriva en la sentencia emitida por el TC el día 28 de septiembre de 1984, en la que «se desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por don Luis Fernández Fernández-Madrid, comisionado por 53 senadores más, contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla-León». En ese texto, que abarca una quincena de páginas, se esconde «la vía que en su día dejó abierta el Tribunal Constitucional para la creación de la Comunidad Autónoma Leonesa», según se recoge en el punto octavo de las estipulaciones de carácter político descrita en el pacto de gobernabilidad UPL-PSOE, que reseña que «el gobierno municipal promoverá la creación de un órgano de estudio, al que se invitará al Gobierno Central, para contemplar cuál» es este camino. En aquel 1 de enero de 1983, cuando se interpuso el recurso, los leoneses defendían la inconstitucionalidad amparados en que «mediante acuerdo de 13 de enero de 1983 la Diputación Provincial de León revocó el que había adoptado el 16 de abril de 1980, con el que había ejercido la iniciativa del proceso autonómico, a que alude el artículo 143.2 de la Constitución Española». Pese a quedar desestimado, el fallo explica en un párrafo: «La presente sentencia no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la comunidad autónoma a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo, pues de lo que se trata aquí es única y exclusivamente de si la manifestación de la voluntad de la Diputación de no ser incluida en la comunidad castellano-leonesa en gestación en aquel momento debió o no conducir a que el legislador se abstuviese de incluirla en ella. La cuestión de lo que la provincia de León pueda pretender en el futuro no guarda relación alguna con este concreto problema». Entonces, ¿cuál es el resquicio? «Ninguno, porque nadie ha preguntado al Tribunal Constitucional sobre la legitimidad de la autonomía leonesa ni el camino para lograrla», responden. De la lectura del pacto PSOE-UPL para el Ayuntamiento se apuesta por que «habrá que hacerlo».