Algunas acusaciones insisten en cuestionar las pruebas del 11-M

La esquizofrenia procesal denunciada hace una semana por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional sigue haciendo estragos entre las acusaciones particulares del juicio del 11-M. En la accidentada sesión de ayer, que tuvo que suspenderse al poco rato de comenzar porque se percataron de que faltaba uno de los procesados -Javier González, El Dinamita se equivocó de día a la hora de sacar el billete de autobús para retornar a la Casa de Campo-, el abogado Rodríguez Segura, que acusa en nombre de varias víctimas y forma parte del equipo jurídico de la AVT, dedicó su informe a desmontar las pruebas de cargo contra los acusados e incluso retiró la acusación contra Jamal Zougam y contra El Egipcio, dos de los principales acusados. El contrapunto a este informe lo puso el letrado que acusa en nombre de dos víctimas de origen chileno. Gonzalo Boyé remató la faena de la fiscalía. Puso especial énfasis en señalar la importancia de Fouad el Morabit, uno de los acusados que sólo se enfrenta al cargo de miembro de la organización, pero que a juicio de esta acusación, tuvo una implicación plena en los hechos. «Se puede ser perdedor radical y ser hijo de notario», dijo de este estudiante de ingeniería aeronáutica que habla seis idiomas. Esta acusación fue muy crítica con la política de seguridad que imperaba en este país hasta que se produjeron los atentados y que no dudó en calificar de unidireccional. «Se habían hecho muchos informes sobre los riesgos del terrorismo islamista, pero nadie se los leyó. Eso se llama irresponsabilidad», dijo. Este letrado que pidió que también se dedujese testimonio a Díaz de Mera por mentir, concluyó pidiendo una sentencia que resista el peso de los recursos y el paso del tiempo. La letrada María Teresa Díaz, que acusaba en nombre de María Mercedes López Casado, empezó diciendo que ella antes del atentado desconocía el mundo árabe. Sólo sabía que los Reyes Magos eran árabes. Pero, cuando profundizó en el tema, se enteró de que existía un enfrentamiento entre el Islam y el mundo capitalista occidental. «Si en verdad el atentado ha sido producido por Al Qaeda, en realidad nunca lo ha reivindicado», concluyó la letrada, quien también retiró las acusaciones contra Rafa Zouhier, Jamal Zougam, Iván Granados y Rabei Osman. Cerró la sesión el abogado José Enrique Verdugo -el único que acusa por delito contra la salud pública-, que apuntó a la responsabilidad del Ministerio del Interior porque, a pesar de la información que manejaba antes del 11-M, no evitaron los atentados. «Antes miraban para otro lado y luego todo giró en torno a cuestiones secundarias como el tipo de dinamita, con la consiguiente politización». Por su parte, el abogado Gonzalo Boyé consideró que la huelga de hambre que llevaron a cabo, entre otros, los tres supuestos ideólogos del 11-M, Rabei Osman el Sayed, «Mohamed El Egipcio», Hassan El Haski y Youssef Belhadj, es un «indicio suficiente» de la condición de dirigentes que tenían estos procesados dentro de la célula que planeó los atentados. En su opinión, estos acusados «intentaron chantajear» a la sala y tras anunciar la intención de comenzar la huelga de hambre, «les siguieron» algunos del resto de acusados.