El 90% de los jóvenes internados en el centro de reforma entraron por maltratar a su familia

El centro Jalama de León es el único de toda la provincia donde menores de edad cumplen medidas judiciales que les alejan de sus familias y les obligan a vivir, al menos por un periodo de nueve meses, en una institución con régimen de vida abierto. Convivencia en grupo educativo, en términos jurídicos. «El 90% de los casos que han pasado por el centro en el último año y medio, unos doce, son chavales denunciados por sus padres por delitos de maltrato y posteriormente condenados por un juez», explica David Perulero, director de esta entidad colaboradora perteneciente a la asociación de ámbito autonómico Asecal. Todos ellos llegan con una setencia firme -no es una medida privativa de libertad- y con una orden de internamiento cautelar, pero es el único denominador común, puesto que «no existe un caso tipo», precisa Perulero. «No ha habido ni un solo caso en todo este tiempo [cinco años] de un chico o una chica que proceda de una familia desestructurada». Partiendo de esa afirmación, la peculiaridad de cada caso requiere un plan individual de ejecución para cada interno, que se supervisa constantemente tanto por los educadores del centro como por los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales. Rebeldes en casa, sumisos fuera Una de las coincidencias de los cinco jóvenes internados actualmente en el centro Jalama es que todos ellos se muestran amenazantes o agresivos con sus familias, mientras que en el centro funcionan perfectamente y cumplen las normas sin problemas. «No se en qué momento, a los padres se les va la situación de las manos. Empiezan por un empujón, a veces les roban dinero, entran y salen cuando quieren, amenazan y al final llega la agresión», detalla Perulero. «No es fácil denunciar a un hijo -añade-, por lo que supongo que el proceso hasta que unos padres llegan a un juzgado es muy largo». Horarios estrictos, sin móviles... La vida en el centro de reforma de León es muy disciplinada. El funcionamienmto es el de una casa normalizada, con un régimen correctivo interno. Los jóvenes, de entre 15 y 18 años, comen a las dos de la tarde y cenan a las nueve en punto. Tienen prohibidos los móviles y todos ellos siguen una rutina de estudios o trabajo supervisada por los educadores, completada en ocasiones con cursos formativos. Si incumplen la disciplina del centro, el juez será informado. Durante los primeros meses en que los jóvenes son alejados de sus padres, sólo se les conceden visitas al hogar cada quince días, que se convierten en semanales cuando están a punto de cumplir la medida impuesta por el juez. Esta devolución a la vivienda familiar es el único modo que tienen los educadores de saber si el programa de intervención con el menor está funcionando. Hasta ahora, según los datos facilitados por la entidad, ninguno de los jóvenes que ha pasado por el centro de reforma ha reincidido en el delito de maltrato por el que fue denunciado. Falta un eslabón Pero hasta ahí. Porque en el centro no vuelven a saber nada más del chaval. Concluye su medida y se va. El expediente es derivado automáticamente a la Unidad de Intervención Educativa de la gerencia. Por esta razón, se echa en falta un programa que permita a estos educadores, convertidos en un referente más para el menor, el seguimiento de los casos cuando el adolescente ya se encuentra en su casa. Además de reunir experiencia para futuros casos, los educadores pueden ser un mediador en el proceso de reintegración de los chavales en su hogar familiar. Implicación de los padres «El éxito de la medida depende de la implicación de los padres en el proceso», asegura David Perulero. A mayor complicidad, mayores serán las posibilidades de que el joven rectifique su comportamiento. Durante el año actual, todos los ingresos en el centro Jalama han sido motivados por maltrato de menores a sus padres. En los otros tres centros que la asociación Asecal tiene en Castilla y León, la situación es muy parecida. No en vano, de los cinco internados en León, tan sólo uno es de la provincia. Tras la sentencia del juez, y dependiendo del caso, se intenta que los jóvenes además de salir de su hogar salgan también de su entorno, razón por la que existe tanta dispersión de estos menores en los centros disponibles en la comunidad.