Rechazado el recurso de Valencia contra el estatuto de Andalucía

El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto la Generalitat Valenciana contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El tribunal considera «extravagante» la impugnación porque no pretendía denunciar la ilegalidad del texto andaluz sino su incongruencia con el Estatuto de Cataluña. El apartado 2 de la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, recurrido por el Gobierno de la comunidad valenciana, establece que «la inversión destinada a Andalucía sería equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años». El Consell de la Generalitat consideró que existía una contradicción entre esta norma estatuaria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde las inversiones para esta comunidad se basaban en el PIB. El Ejecutivo valenciano estimó que resultaba más adecuado utilizar la variable de la población para las inversiones que el PIB y subrayó que «se adoptara la variable que se adoptara, ésta debía ser la misma en todos los Estatutos». Por ello, solicitaban al Tribunal que «determinara la interpretación constitucional» de lo expuesto en dicha normativa sobre la reforma estatutaria andaluza. No es cuestión constitucional El Tribunal calificó el recurso presentado por la Generalitat de «extravagante» y declaró que no se cuestionaba la inconstitucionalidad del precepto recurrido sino su «incongruencia» respecto al Estatuto catalán. Por tanto, lo que se le exigía era salvar la supuesta contradicción entre ambos textos estatutarios a «través de su labor interpretativa», lo que resulta «ajeno» a sus competencias. «Lo que se trata de conseguir es otra interpretación, esta vez de inconstitucionalidad, de un precepto diferente de otro Estatuto de Autonomía, que ya fue recurrido en tiempo y forma», explica. El Tribunal Constitucional admitió el pasado 5 de julio un recurso de la Junta de Extremadura contra el Estatuto andaluz por considerar contrarias a la carta Magna las competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir, que recoge la norma autonómica. Las reacciones a la decisión del Tribunal no se hicieron esperar. La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Gobierno valenciano y su presidente, Francisco Camps, nunca «puso en duda» la constitucionalidad del nuevo estatuto de autonomía andaluz. Subrayó que la intención de Camps era poner de relieve la «disparidad» de los criterios usados por el Gobierno central para orientar sus inversiones en las autonomías. Sáenz de Santamaría apuntó que la resolución despejaba la «pelota» hacia «el tejado» del Ejecutivo central. Recalcó que la denegación a trámite del recurso «no salva al Gobierno de Zapatero de clarificar cuál es el modelo de inversiones para las comunidades autónomas» e insistió en la necesidad de una fórmula «clara, objetiva y que dé seguridad jurídica». Por ello, reclamó que fuera el Consejo de Política Fiscal y Financiera el órgano encargado de definir el plan para las inversiones estatales, con el fin de evitar que «la proliferación de criterios dispares deje sin solución a muchas comunidades autónomas».