El Gobierno aprueba ochenta medidas para combatir el cambio climático

Detener el inexorable avance del cambio climático y alcanzar un nuevo modelo de consumo, energía y desarrollo sostenible son los objetivos que el Gobierno pretende alcanzar con la aprobación este viernes de 80 medidas «urgentes y concretas» para reducir los gases de efecto invernadero. La meta es ahorrar 87,9 millones de toneladas de petróleo y disminuir las emisiones de dióxido de carbono en 238 millones de toneladas hasta 2012. Este esfuerzo supondrá un coste adicional de 2.500 millones de euros y se espera concretar los plazos y presupuesto en los próximos días. Una de las medidas urgentes aprobada por el Consejo de Ministros consiste en promover entre los españoles el uso de vehículos no contaminantes con bajas emisiones de CO2, «algo que mejorará la calidad del aire y la salud de los ciudadanos», apuntó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Para ello se modificará el impuesto de matriculación de los vehículos a partir de enero del próximo año, pasando de un impuesto único sobre el valor del vehículo a uno tasado, como ocurre con el impuesto sobre la renta. Así, todos los automóviles que emitan menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado quedarán exentos de este pago -en 2006 se matricularon 125.000 vehículos-. El tipo impositivo para aquellos que emitan entre 120 y 160 gramos será de un 4,75%, mientras que alcanzará el 9,75% para aquellos que alcancen cuotas de entre 160 y 200 gramos. Los que superen los 200 gramos por kilómetro cuadrado tendrán un gravamen de 14,75%. Esto incluye a coches, motos y quads. También se prevé «de modo sencillo y sin necesidad de grandes costes el ahorro de energía en los edificios de la Administración Pública», adelantó la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Será con la regulación del uso de la electricidad, calderas y aires acondicionados y la renovación de todos los vehículos del parque móvil público. De aquí a 2012 se espera que el 50% del transporte funcione con combustibles con un alto contenido de biocarburantes. Estos criterios de desarrollo sostenible también se aplicarán a los edificios de nueva construcción que sean competencia de la Administración General del Estado.