La enseñanza pública pide que se sancione a la Junta si no llega a impartir Ciudadanía

La Fapa de León, que aglutina a todas las asociaciones de padres de alumnos en la enseñanza pública, y los sindicatos profesionales con mayor representación en el sector coinciden en exigir al Estado que sancione a la Junta de Castilla y León si se niega a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, para lo que tiene como plazo máximo el curso escolar 2008-2009, según contempla la polémica Ley Orgánica de Educación. Los principales representantes de la comunidad educativa pública de León responden así a la consigna que siguen las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, para boicotear la implantación de esta materia, al menos hasta que el plazo legal lo permita, como anunció el consejero de Educación, Juan José Mateos. La asignatura, que será obligatoria en un curso de Primaria y dos de ESO, tiene su principal defensa en los padres. La vicepresidenta de Fapa-León, Engracia Prieto, recuerda que «la ley está para cumplirla» y es partidaria de que una infracción sea respondida con contudencia por parte del Estado. «Educación para la Ciudadanía aporta contenidos éticos y de convivencia que a todos los niños y niñas les viene bien conocer, independientemente de las convicciones religiosas de cada padre o madre», indicó. «La ley está para respetarla» «La ley está para respetarla, digan lo que digan», indicó. «Cuando se asumen acuerdos, se asumen en su totalidad», explicó en referencia a aquellos colegios concertados que ya están hablando de practicar la objeción frente a la discutida materia. Por el contrario, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) promueve una plataforma por la libertad de conciencia porque «esta asignatura pretende el adoctrinamiento de nuestros hijos en la moral del Estado, particularmente en temas como la familia, la educación sexual y el laicismo excluyente y antirreligioso», en palabras de su presidente, Luis Carbonel. Pero los más críticos contra la decición de la Junta son los sindicatos. El secretario provincial de Fete-UGT, Jesús López Iglesias, lamenta que el Partido Popular y las instituciones que gobierna «hagan todo lo posible para ir en contra de una ley que ha sido apoyada en el Parlamento con la mayoría de todos menos ellos». «Es una muestra más de boicot -añade-, un marcador evidente de apoyo a la Conferencia Episcopal». Estado objetor de subvenciones Desde su punto de vista, «a los colegios que sigan apoyando la objeción, si son concertados, se les debería retirar las ayudas». Por su parte, el secretario provincial del sindicato de Enseñanza de León de Comisiones Obreras, Fidel Tomé, considera que el PP «no ha elegido un buen cam ino para poner una traba más a lo que hace el PSOE». Desde su óptica, Educación para la Ciudadanía «es una asignatura incardinada a la ley de consenso y como tal debería tomarse, porque la normativa es la que es». Respecto al valor real que puede aportar la polémica materia, catalogada en algunos sectores como el catecismo socialista , Tomé explicó que su sindicato ha mantenido siempre que los valores cívicos y sociales no requieren una asignatura específica y que son temáticas que deberían estar en todo el currículum. No obstante, «si crea un clima de comportamiento cívico favorable será positiva». UGT no considera que Educación para la Ciudadanía suponga adoctrinamiento alguno a los escolares, por lo que no haya motivos de consistencia para que la Junta haya decidido objetar durante el presente curso. «No se debería objetar porque es una asignatura obligatoria y sería como negarse a impartir Literatura o Geografía». Recuerda, en todo caso, que el Gobierno tiene la última palabra en caso de que las autonomías del PP decidan incumplir la legalidad. Desde lo profesional El CSIF sólo habla de la LOE desde la vertiente exclusivamente profesional. Está en contra de la implantación de la nueva Ley Orgánica de Educación por lo que puede suponer para la carga de trabajo del profesorado. Se da la circunstancia de que la introducción de esta nueva materia en el currículum escolar obligará a reorganizar el profesorado. Por un lado, los profesores de Filosofía y Ciencias Sociales asumirán la enseñanza de la asignatura, carga lectiva que reducirá una semanal la enseñanza de Música y otra hora más a repartir entre Tecnología y Educación Física. Por otro lado, Javier Ampudia, responsable del sindicato CSIF en León, subrayó que los valores que inculcará la nueva materia deberían formar parte de un criterio transversal de la educación, es decir, que deberían formar parte de la enseñanza de cualquier otra asignatura, sin necesidad de crear una nueva. «Los valores cívicos están muy bien, pero no deberían suplantar los contenidos de otras materias», indicó.