Diario de León

Las víctimas ya alertaron de que un violador en serie «no se rehabilita»

Herminia Suárez, presidenta de la asociación leonesa Adavas

Herminia Suárez, presidenta de la asociación leonesa Adavas

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M. Romero - león
León

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Cabreo. Indignación. Impotencia. Dolor. Desasosiego. Asombro. Desconfianza. Recelo. Son sentimientos que aflora la detención de Andrés Mayo entre las mujeres que padecieron sus brutales agresiones en León y Asturias entre 1989 y 1990. La representación legal del colectivo, encabezada por la presidenta de la asociación leonesa Adavas, Herminia Suárez, entiende que la atrocidad que se está repitiendo en La Coruña «es indignante y lamentable» para cualquiera de las víctimas del violador del chándal, apodado así por la prenda fetiche que utilizaba por entonces para llevar a cabo sus abusos. «Siempre hemos tenido en mente que su libertad desembocaría en nuevas violaciones porque los violadores en serie no se rehabilitan», asevera. La abogada recuerda que en cuanto Andrés Mayo fue excarcelado y empezó a hacer su vida normal en la calle, hace ahora cinco años, esta asociación pidió a la Audiencia Provincial de León que retuviese un porcentaje importante de su nómina puesto que, aun trabajando, evitó el pago de las indemnizaciones económicas a sus víctimas, una actitud que entendieron como una falta de arrepentimiento por parte del agresor. Su petición fue denegada. Con la misma vara de medir Los pocos contactos que mantiene con las mujeres agredidas por Andrés Mayo -«cada una intentó rehacer su vida y olvisarse del tema»- revelan un sentimiento generalizado de «impotencia» cuando se supo que el violador, condenado a 106 años de cárcel, salió a la calle tras haber cumplido 12 años de su pena. «Fue un error haber aplicado beneficios penitenciarios a un violador sistemático como si se tratase de un agresor sexual con un solo delito», denuncia. La Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y de Violencia Doméstica, creada para ejercer la acción popular contra Andrés Mayo en el juicio que se desarrolló en la Audiencia Provincial de León en 1991, recuerda que el violador del chándal «tiene todas sus responsabilidades civiles sin cumplir», puesto que no ha liquidado las citadas sanciones económicas. Según la presidenta de esta entidad, Herminia Suárez, a Andrés Mayo se le están reteniendo 152 euros al mes para afrontar estas multas, que al final de cada año se prorratean entre sus víctimas. El violador fue sancionado con 49.225 euros en por un total de once delitos.

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