Interior autoriza el uso de la fuerza en las expulsiones de inmigrantes Esposados y desorientados Posibilidad de usar narcóticos

El Ministerio del Interior ha elaborado su primer protocolo de actuación para las repatriaciones masivas de inmigrantes, que en breve entrará en vigor. En ese documento de 23 páginas, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil autoriza un amplio abanico de medidas de fuerza contra los irregulares que se opongan a su deportación y prevé la inmovilización de los clandestinos siempre que no se pongan en riesgo las «funciones vitales» del repatriado. El borrador, con fecha del pasado 20 de julio y que el Gobierno pretende aprobar en las próximas semanas, unifica, según portavoces de Interior, las hasta ahora dispersas normas de actuación durante los viajes de deportación e incluye las últimas normativas europeas sobre las deportaciones. A los que se resistan La futura directiva permite que los funcionarios puedan reducir a los «repatriados que se resistan» con «lazos de seguridad» (bridas de plástico), «cascos», «prendas inmovilizadoras homologadas» (que no se especifican), «cinturones», «esposas o similares» e, incluso, «cinta reforzada», más conocida con el nombre comercial de cinta americana. No obstante, la nueva normativa que ahora aprueba el Ministerio de Interior insiste en que, en principio, los inmigrantes no deberán ser inmovilizados totalmente si no provocan incidentes y que la aplicación de las medidas coercitivas tendrá que ser «motivada» y autorizada por el agente responsable del dispositivo. El documento reitera que estos medios coercitivos para reducir a los sin papeles no pueden poner en peligro «su dignidad ni integridad física». Este jueves, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en declaraciones a la Cadena Ser, reconoció cierta sobrecarga en estas operaciones de repatriaciones porque «a veces se hace tres o cuatro vuelos, cuando lo ideal sería hacer uno cada día». Aun así, aseguró que la seguridad en estos dispositivos aéreos es «óptima». El texto apunta que en todo momento «los cinturones de seguridad de los repatriados se mantendrán atados durante la duración de vuelo» y sólo se «cortarán los lazos de seguridad» (bridas de plástico con las que se esposan a los inmigrantes) cuando el jefe del dispositivo policial así lo crea conveniente. Los sin papeles únicamente podrán ir al baño acompañados de un funcionario. La normativa deja a criterio del responsable policial del vuelo la posibilidad de mantener desorientados a los repatriados teniendo durante todo el viaje las «cortinillas cerradas» para evitar que los sin papeles intuyan a dónde se dirigen. Los agentes, que nunca podrán portar armas de fuego, no podrán tampoco llevar en los aviones ningún otro tipo de arma o herramienta peligrosa, «salvo el material profesional de los módulos de intervención y seguridad» (antidisturbios). La directiva da luz verde al empleo de agentes de seguridad privada en estos traslados. Los escoltas privados actuarán en calidad de apoyo. La directiva de Interior prohíbe que los policías droguen a los inmigrantes durante las operaciones de expulsión, tal y como ocurrió en el año 1996 cuando el departamento que encabezaba Jaime Mayor Oreja repatrió a Mali a inmigrantes narcotizados. No obstante, el texto deja un resquicio legal para utilizar drogas con el fin de apaciguar a los expulsados. «El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa», señala el borrador, que apunta que sólo un médico del Cuerpo de Policía, que acompañará siempre a las expediciones, «podrá, después de realizar un diagnóstico, administrar medicamentos a los repatriados». Los equipos de expulsión tendrán en su poder antes del vuelo todos los historiales de los repatriados «que presenten particularidades médicas o que necesiten recibir tratamiento médico». El jefe del grupo de expusión podrá, a la vista de estos informes, negarse a embargar a un inmigrante con un cuadro médico complicado.