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El hijo mayor de la mujer encontró el cadaver de la pequeña y a su madre inconsciente

Detienen a una mujer como presunta autora del asesinato de su hija Muere el inmigrante rumano que se quemó a lo bonzo para denunciar un falso contrato de trabajo

La madre, en tratamiento psiquiátrico, degolló a Irene, de seis años, en su casa de Gerona

Los servicios funerarios retiran el cadáver de la pequeña Irene

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efe | barcelona r. v. | valencia

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a Rosa María C.B., de 43 años y en tratamiento psiquiátrico, como presunta autora de la muerte de su hija Irene, de 6 años, que ha sido degollada en su domicilio de Girona. Los hechos ocurrieron hacia las once de esta mañana en el número 10 de la calle Finestrelles de Girona, en el barrio de Can Gibert del Pla, cuando, al parecer, la madre, de nacionalidad española, ha dado muerte a la niña por causas que todavía se desconocen. El hijo mayor de la mujer, de dieciocho años, encontró el cadáver de la pequeña en una de las habitaciones del piso junto a su madre, que se encontraba en estado de inconsciencia, y dió la voz de alarma. El joven, que ya no vivía en el domicilio familiar por desavenencias con la pareja actual de su madre y padre de la menor fallecida, ha llamado de inmediato a su padrastro, quien avisó del suceso a los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica detuvo a la madre como presunta autora del crimen, al existir «indicios claros» sobre la autoría del asesinato. Rosa María C.B., que se encuentra en tratamiento psiquiátrico, trabajaba haciendo limpiezas en domicilios y convivía desde hacía siete años con el padre de Irene, lampista de profesión, y la pequeña, que estudiaba en la escuela pública del barrio. Los vecinos de Rosa María han mostrado su sorpresa. El hombre que se quemó a lo bonzo hace dos semanas en Castellón en señal de protesta falleció al medio día de ayer en el Hospital de La Fe de Valencia a consecuencia de las graves quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo. El drama de la inmigración apareció hace dos semanas en forma de antorcha humana en todos los medios de comunicación. Un hombre de nacionalidad rumana se plantó delante de la Subdelegación del Gobierno de Castellón con una botella de un litro y medio de gasolina y durante varios minutos amenazó con prenderse fuego. Su mujer, que se encontraba en el lugar junto con los hijos de la pareja, intentó disuadirlo, pero al final encendió un mechero con el que se consumó la tragedia entre los gritos de los presentes. Dos agentes de la Guardia Civil acudieron al momento par despojarle de sus ropas y sofocar el fuego, pero ya era inútil. El 70% de su cuerpo estaba quemado. Una ambulancia le practicó los primeros auxilios para luego trasladarlo a la Unidad de Quemados del Hospital de La Fe, en Valencia. Isabella, la mujer del fallecido, comentó que su marido se quemó en señal de protesta por su precaria situación en España. Llegaron aquí con muchas promesas e ilusiones por cumplir, pero les estafaron con el trabajo y con la casa. En esta situación decidieron regresar a Rumanía pero carecían del dinero suficiente -unos 400 euros- para comprar los billetes. La mujer se comprometía a devolver el dinero, pero éste no llegaba. Ante la desesperación, el cabeza de familia tomó la vía rápida. Desde el Consulado de su país declaran que desconocían la situación de estas personas y que, en caso de haberlo sabido, habrían ayudado a su regreso. Tras dos semanas en estado crítico, este miércoles los médicos de La Paz de Valencia han certificado su muerte. Mientras, su mujer y sus hijos, que conocían de la fragilidad de su salud, decidieron marcharse a Rumanía. Detenciones Por otra parte, dos personasfueron detenidas en Sevilla y Menorca por formar parte presuntamente de una red delictiva que vendía a inmigrantes de antiguas colonias portuguesas cartas de identidad falsas de este país, para que pudieran establecerse en España como ciudadanos de la Unión Europea. La organización se ponía en contacto con ciudadanos brasileños y de otros países de habla portuguesa, que pagaban entre 400 y 1.200 euros por los documentos, y luego les informaban de los trámites para obtener la residencia como comunitarios, según una nota la Jefatura Superior de Policía.

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