El protocolo limita los cacheos pero no incluye la grabación de interrogatorios como pide la ONU
El Gobierno reforma la normativa para intentar evitar los abusos policiales
Uno de cada mil agentes está bajo sospecha de extralimitarse en sus actividades Bridas y máxim
El Ministerio del Interior ha reformado el protocolo que regula la detención y custodia de sospechosos de actuaciones delictivas con el fin de evitar casos malos tratos y abusos durante los arrestos y en dependencias policiales. La directiva cubre algunos vacíos legales existentes e introduce varias novedades, como restringir los cacheos e identificaciones callejeras y obligar a todos los agentes a que informen a los arrestados de su derecho a solicitar un habeas corpus, el control judicial de la detención. Entre otros extremos, la norma regula el uso de bridas de plástico y desoye la recomendación de Naciones Unidas de grabar los interrogatorios. La instrucción 12/2007, de 27 páginas, recibió el visto bueno del secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, el pasado 14 de septiembre y comenzará a aplicarse en los próximos días. Como primera innovación, establece de forma taxativa que el plazo de 72 horas de arresto se contará desde el momento de la captura del sospechoso, y no desde su traslado a la sede policial. La norma termina así con la arbitrariedad de los agentes a la hora de determinar en qué momento comenzaba el cómputo del plazo legal. Los guardias civiles y policías tendrán que leer los derechos a los detenidos en una lengua que el arrestado entienda. En las comisarías y cuarteles estarán disponibles «impresos de información de derechos en las lenguas más comunes». Hasta ahora, se consideraba suficiente la lectura de derechos en un idioma oficial español. El capítulo de los derechos que deben conocer los detenidos se amplía con el del habeas corpus, de cuya existencia deben ser informados de manera expresa. Las dependencias policiales deberán tener impresos de solicitud a disposición de cualquier arrestado que «considere que su detención no está justificada legalmente o que transcurre en condiciones ilegales». 132 expedientes este año La secretaría de Estado para la Seguridad y los servicios de Asuntos Internos de la Policía y la Guardia Civil han abierto, entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de este año, 132 expedientes a otros tantos funcionarios acusados de abusos, malos tratos o torturas a detenidos bajo custodia policial. Interior subraya que todas estas investigaciones «ni mucho menos» concluyen en sanciones y destaca que se trata de un porcentaje «muy pequeño», inferior al uno por mil de la plantilla total de ambos cuerpos, que ronda los 140.000 efectivos.