El consejero vasco de Interior celebra las detenciones y el de Justicia las critica
El Gobierno vasco respondió a las detenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón con opiniones diferentes. El consejero de Interior, Javier Balza, consideró la operación «congruente» con la línea jurídica de la Audiencia Nacional, si bien alertó de que el arresto de los dirigentes de Batasuna «puede hacer perder vías de interlocución». El responsable de la cartera de Justicia, Joseba Azcárraga, vio la redada como un acto de «hipocresía y oportunidad política». Balza señaló que «detener toda la representación de un porcentaje alto de la sociedad vasca puede hacer perder vías de interlocución, contactos que pueden ser necesarios en un momento dado». En declaraciones a la Ser, asumió no obstante que «en estos casos, lo que pueda ser línea política tiene que estar supeditada a lo que es la decisión judicial», consideró «congruente» con la línea jurídica de la Audiencia Nacional lo ocurrido y apuntó que «desde el momento en que Garzón, cautelarmente, vinculó a Batasuna con ETA, si hay una reunión de refundación del partido, entra dentro de la construcción teórica de Garzón». Expresó también su desilusión por que los líderes de la izquierda aberzale no hayan sido capaces de separarse de la violencia y opinó que no darán nunca ese paso. En contra Su compañero de gabinete Joseba Azkarraga mostró su «honda preocupación» por el golpe a Batasuna y la justificación del fiscal general del Estado. Para el consejero de Justicia, constituye una «hipocresía política» considerar «normal» que se «persiga» a dirigentes de la izquierda aberzale «cuando todavía en el mes de mayo de este año, representantes del PSOE y del gobierno se reunieron con ellos para hablar del futuro político de nuestro país». Tras instar al gobierno Zapatero a que «explique esta contradicción en lugar de ampararse en una legalidad que ellos mismos han burlado», Azkarraga calificó de «evidente» que la detención de la Mesa Nacional de Batasuna ha estado guiada por la «oportunidad política» y denunció que «una vez más», la Audiencia Nacional «se pone al servicio de intereses ajenos a la independencia que se debe suponer a todo órgano judicial». «Resulta muy sospechoso que los impulsos en las actuaciones judiciales coincidan con momentos trascendentes para la vida política».