Garzón mina Batasuna al intentar crear el «frente político» de ETA

El juez Baltasar Garzón ordenó la detención de la cúpula de Batasuna porque sus integrantes intentaban reactivar y reorganizar la coalición tras el fin del alto el fuego y devolverla así al servicio de ETA con una estructura refundada y algunas caras nuevas. Según los informes de la Comisaría General de Información que han servido de base a la redada, la asamblea de Segura (Guipúzcoa) era el cónclave en el que la coalición ilegalizada pretendía aprobar una nueva «estrategia orgánica» con la que volvía a los viejos principios de «frente político» de ETA, siempre bajo la «tutela» de la banda. La operación, se explicaron mandos del operativo policial, se encuadra en el sumario 35/02 de la Audiencia Nacional sobre Batasuna y su instrumentalización por ETA. Toda la información referida a las detenciones y registros está incluida en una pieza separada de este sumario que fue abierta a raíz de la captura del dirigente de Batasuna Juan María Olano el pasado septiembre, tras participar en una manifestación ilegal, y está protegida por el secreto del sumario. Responsables de la lucha antiterrorista confirmaron que la redada del jueves noche en Segura es «consecuencia directa» de la captura de Olano, y explicaron que la principal prueba contra los 23 arrestados, entre los que hay 19 miembros de la actual Mesa Nacional, es precisamente su participación en la asamblea clandestina celebrada en la Kultur Etxea de Segura, en la que se «redefinía» la estrategia de la coalición ilegalizada. El juez Garzón considera que esa actuación viola de manera flagrante su orden de suspensión de actividades de Batasuna decretada en octubre de 2002 y prorrogada por última vez en enero de 2006. En particular, los servicios de Información sostienen que la reunión contraviene el primer supuesto de prohibición fijado por Garzón: «suspensión de la capacidad de participar como partido, organización o grupo en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional». Los informes policiales remitidos a Garzón apuntan que, tras la ruptura del alto el fuego en junio, Batasuna había llegado al acuerdo de volver a ser el «frente político institucional de ETA», una vuelta a las tesis anteriores al cese de los atentados. En aquellos momentos, a principios de 2006, la Audiencia Nacional afirmaba en sus resoluciones que «no hay la más mínima probabilidad» de que Batasuna rechace «la tutela y la dirección de la rama militar de la organización terrorista (...), sino más bien todo lo contrario». Según informaron mandos de la lucha antiterrorista, la redada fue preparada de forma minuciosa por el juez en coordinación con los responsables del Ministerio del Interior, y no se dirigía de manera genérica contra la cúpula de la organización aberzale, sino sólo contra quienes asistieran a la reunión de Segura que redefinía la estrategia de Batasuna. Por esa razón no fue detenido Pernando Barrena, destacado dirigente batasuno. Los funcionarios han descubierto documentos sobre las líneas estratégicas que iba a seguir la coalición, como la oposición al Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco. Y también un documento que los investigadores consideran revelador: una lista en la que se establecía un «perfecto orden de relevos» en la cúpula de la coalición en el caso de que se produjeran detenciones o condenas en los sumarios pendientes en la Audiencia Nacional.