Una presa denuncia la retirada de su hijo el mismo día que nació

Una interna de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha denunciado la retirada de su hijo el mismo día en el que nació, lo que según su abogado carece de sentido en un centro especializado en madres y donde es muy difícil que el niño esté desamparado. La reclusa Antonia Fernández Pareja dio a luz el pasado 28 de septiembre en el hospital de Valme de Sevilla y ese mismo día los servicios sociales de la Junta declararon su desamparo y se hicieron cargo del bebé, que quedó hospitalizado para ser tratado del síndrome de abstinencia que sufría, consecuencia de la drogadicción de su madre. En un escrito dirigido a las autoridades penitenciarias, facilitado a la Agencia Efe, la mujer pide que le den «una segunda oportunidad» y que le dejen cuidar a su hijo, tal como está previsto en la Ley Penitenciaria, y si posteriormente se demuestra que no es capaz de atenderlo de forma adecuada, que actúen «como marca la ley». Su abogado, José Antonio Bosch, expresa en el escrito sus dudas de que el bebé se encuentre en desamparo, como exige la ley para que la Administración asuma su tutela, pues la madre está ingresada en un centro penitenciario especializado en mujeres con hijos. Centro especializados Tal hipótesis «resulta inadmisible y cuanto menos supone un insulto a la institución penitenciaria» y, de ser cierta, debería llevar «de forma inmediata a la clausura del centro», sostiene Bosch. Aunque la prisión «no es el ambiente ideal para un niño», la normativa prevé la adecuación de algunos centros, como el de Alcalá de Guadaíra, para la atención a madres con hijos «dado que uno de los derechos fundamentales de los menores para garantizar su armonioso desarrollo es crecer en el seno de su familia y criarse en el amor de sus padres», añade. Antonia reconoce que su conducta en el pasado no fue buena, pero dice que el tribunal que la juzgó «no incluyó en su condena la privación de la maternidad». Añade que ahora está «pagando su deuda con la sociedad» y argumenta que en la cárcel se ha elevado su nivel de estudios y ha mejorado también su preparación laboral. «No quiero convertirme en otra madre a la que, diez años después de luchas en los tribunales, le dan la razón pero no a su hijo», dice en otro párrafo de su misiva. La madre ha remitido una carta similar a la consejera de Asuntos Sociales de la Junta, Micaela Navarro, en la que apela a su «batalla personal» para que los niños marroquíes interceptados en Andalucía sean repatriados «al seno de las familias donde, según sus propias convicciones, nunca debieron salir». También ha denunciado su caso ante el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, al que expone el trato que recibió del personal de Asuntos Sociales que, en reiteradas ocasiones poco antes del parto, le comunicó la previsible retirada del recién nacido, comportamiento que la mujer define como «más cercano a la tortura que a la reinserción y educación».