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Exige al Gobierno que acelere la ilegalización de ANV y no la aplace en función de sus intereses

El PP insiste en anular la moción que autorizó el diálogo con la banda ETA

Presenta una proposición para disolver los ayuntamientos que dirige ANV

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular se reunió ayer en Madrid

Publicado por
Magis Iglesias - madrid
León

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Cuando la Justicia y el Gobierno, a través de la Fiscalía, actúan contra el brazo político de ETA y encarcelan a la cúpula de Batasuna, el PP pide más y plantea de nuevo la anulación del acuerdo parlamentario que dio cobertura al diálogo con la banda terrorista durante la tregua. La dirección del partido opositor acordó ayer recuperar esta iniciativa, que ya fue rechazada por el pleno del Congreso, además de exigir al Ejecutivo socialista que no retrase la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca para ponerla en marcha en función de sus intereses electorales. El auto del juez Baltasar Garzón es la prueba que esgrime el PP para demostrar que debe cegarse toda posibilidad de una nueva negociación con la banda terrorista. En opinión del partido opositor, Garzón demuestra que Batasuna no se desvinculó en ningún momento de ETA y deduce que la banda jamás decidió abandonar la violencia, por lo que según Ángel Acebes «el Gobierno no debió llamarles hombres de paz y aceptarlos como interlocutores, y tampoco la Fiscalía debió consentir que se reunieran». «ETA debe perder toda esperanza de conseguir réditos políticos mediante la negociación», añadió el secretario general del partido opositor al anunciar, en rueda de prensa, que su grupo parlamentario resucitará esta semana la propuesta para revocar la moción, aprobada tras el debate sobre el Estado de la nación en mayo de 2005, por la que se autorizaba la apertura de conversaciones con la banda terrorista en ausencia de violencia. Según el dirigente popular, si el PSOE quiere «de verdad» rechazar para siempre toda negociación con ETA, deberá apoyar esta iniciativa y, por el contrario, si vota en contra significa que «quiere dejar la puerta abierta» para mantener nuevos procesos en el futuro. El martes de la próxima semana, el Congreso también tendrá que pronunciarse sobre una proposición no de ley del PP para instar al Ejecutivo a poner en marcha inmediatamente la ilegalización de ANV y disolver los ayuntamientos en los que gobierna este partido. El PP reclama a los socialistas que aceleren el proceso y no lo usen en beneficio de sus intereses electorales. Ésta es la sospecha que albergan los populares que dan por hecho el nuevo paso del Gobierno pero temen la puesta en marcha de este procedimiento en plena campaña electoral. Este debate centró la atención del comité ejecutivo del PP, reunido ayer, que acordó llevar a cabo una estrategia política de más largo alcance, destinada a «desenmascarar la operación disimulo» en la que ve embarcado al presidente del Gobierno. Según Acebes, José Luis Rodríguez Zapatero «hace lo contrario de lo que ha hecho a lo largo de la legislatura» y está dispuesto «a decir lo que le convenga electoralmente». Al contrario de lo que afirmó el pasado domingo el líder socialista, el partido opositor asegura que no existe coincidencia con el PSOE ni en política antiterrorista, el modelo de Estado o los planteamientos que ambos defienden sobre los símbolos e instituciones de la España constitucional. «No es cierto que estemos de acuerdo», desmintió Acebes quien aseguró que los dos partidos representan «modelos políticos distintos». También dijo que el PP no está de acuerdo en considerar, como declaró en su día Zapatero, que la nación es un concepto «discutido y discutible»; que los ataques a las instituciones y los símbolos son «espuma o un asunto menor»; que «la bandera no ondee en las fachadas de las instituciones» y discrepa de que sea conveniente «una negociación política con ETA».

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