El Gobierno recusa a dos jueces para controlar el Constitucional

La decisión no tiene precedentes en la historia de la democracia española. El Gobierno anunció ayer que recusa a los magistrados del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata en un intento de evitar que caiga bajo control de los conservadores. En concreto, trata de apartarlos del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la llamada «enmienda Casas», que prorroga el mandato de la presidenta, del sector progresista, hasta su renovación, lo que no ocurrirá hasta después de las elecciones, dado el enfrentamiento político entre socialistas y populares. Este movimiento tiene lugar en un momento en el que el Constitucional tiene sobre su mesa varios recursos de los populares contra algunas de las leyes más importantes del Gobierno Zapatero: igualdad, matrimonios homosexuales, Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto de Cataluña. Si Casas lograra continuar en su puesto, como pretende el Gobierno, los progresistas controlarían el tribunal gracias a su voto de calidad como presidenta, ya que rompería el empate existente de seis a seis entre progresistas y conservadores. La alarma para el Ejecutivo surgió cuando el martes pasado el pleno del Constitucional apartó a Casas y al vicepresidente Gillermo Jiménez (conservador) del recurso del PP contra la prórroga de sus mandatos, que concluyeron en julio pasado. La decisión de separar a ambos magistrados, que ya se habían abstenido de participar en un asunto que les afectaba directamente, se adoptó gracias al voto de calidad del presidente accidental, el conservador Vicente Conde Martín de Híjar, que deshizo el empate a cinco. Los progresistas lo acusaron de romper la doctrina tradicional del Constitucional sobre las abstenciones con el objetivo político de descabalgar a Casas. Si la recusación del Ejecutivo no prospera, los conservadores mantendrían la mayoría, anularían con casi total seguridad la prórroga del mandato de Casas y, lo que es más importante, controlarían el Tribunal Constitucional hasta la renovación de sus miembros, en puertas de decidir sobre leyes en las que Zapatero ha fundamentado su presidencia. Si García-Calvo y Rodríguez-Zapata son recusados, los progresistas tomarían ventaja (5-3) en el recurso del PP y Casas continuaría al frente del Constitucional hasta las elecciones. Contaminados El recurso del Gobierno, presentado por la Abogacía del Estado, contra García-Calvo y Rodríguez- Zapata se basa en un escrito que ambos dirigieron al pleno del tribunal en junio, en el que mostraban su «profunda discrepancia» contra la reforma que permitía la continuidad de Casas. Considera que eso supone su «contaminación en el objeto litigioso», lo que permite «afirmar fundadamente que el juez no es ajeno a la causa». El abogado del Estado estima que los demás magistrados del Constitucional no quisieron tomar en consideración ese escrito para no «prejuzgar» y quedar precisamente «contaminados». José Luis Rodríguez Zapatero respaldó desde Lisboa la decisión y el derecho del Gobierno a presentar una recusación «fundada en razones legales». Fernández de la Vega afirmó que se había adoptado esa decisión para «preservar la imparcialidad» del tribunal. Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguró ayer que la recusación del Gobierno contra dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional (TC) «es legítima», mientras que Jueces para la Democracia (JpD) considera que sería «razonable» que el alto tribunal la admitiera. «Lo único que pedimos es que se le deje al Constitucional ejercer sus funciones de una manera serena, reflexiva y sometida al principio de legalidad constitucional,», dijo el portavoz. El Partido Popular se mostró muy crítico con el Gobierno por la recusación de dos magistrados del Tribunal Constitucional y le acusó de pretender así controlar esta institución. Además, el partido opositor hizo un llamamiento al tribunal para que «no se pliegue a estas maniobras» del Ejecutivo, acepte el recurso del PP contra la enmienda Casas e impida así la prórroga del mandato de la presidenta. «El comportamiento del Gobierno está siendo, sencillamente, impresentable», declaró el secretario de Justicia y Libertades del partido opositor, Ignacio Astarloa, al enjuiciar los últimos acontecimientos relacionados con el constitucional desde que el PSOE reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sin contar con el apoyo del primer partido de la oposición. En su opinión, «ya fue un auténtico escándalo» que se incorporara, mediante una enmienda en el Senado, la ampliación del mandato de la presidenta. Astarloa defendió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP a esta norma y lo calificó de «preceptivo». Sin embargo, dijo que la recusación de los magistrados, acordada este viernes por el Consejo de Ministros, demuestra que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero «ha tomado la decisión de intentar quitar de en medio a dos jueces para que se asegure que el recurso de inconstitucionalidad se resuelve a favor del Gobierno». «Es claramente un intento más de controlar a los tribunales de este país», abundó en la misma idea. «Espero que el Tribunal Constitucional actúe con plena responsabilidad», añadió el dirigente popular. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López -integrante de la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces-, recordó que el Ejecutivo «tiene la obligación» de actuar en estos casos movido «por el interés general y no por intereses partidistas». No obstante, en declaraciones a la Cope, señaló que el Gobierno «técnicamente» puede ejercer el derecho de recusación. «Nos resulta sorprendente que el PP se crea con derecho exclusivo a recusar magistrados del Constitucional. Quizás hay que recordarle al señor Astarloa que el PP fue el primero en recusar a un magistrado, a Pérez Trems» ANTONIO HERNANDO Diputado socialista