Diario de León

Esta institución está al borde del bloqueo, un hecho inédito en la historia de la democracia

Gobierno y oposición se culpan de la crisis del Tribunal Constitucional

El Ejecutivo apela a la «independencia» de los jueces para resolver la situación

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R. Gorriarán - madrid
León

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Gobierno y oposición intercambiaron este viernes acusaciones de ser los responsables de la crisis que atraviesa el Tribunal Constitucional por las recusaciones que ambos han presentado contra cinco magistrados. La vicepresidenta acusó al PP de intentar paralizar la institución porque «perdió las elecciones y dejó de gobernar». Los populares, a su vez, achacaron al Ejecutivo un afán de «demorar» el fallo de la corte sobre su recurso contra el Estatuto de Cataluña. El uno por el otro, el caso es que el Constitucional está al borde del bloqueo, un hecho inédito en la historia de la institución. La mera presentación de las cinco recusaciones, dos del Gobierno contra magistrados conservadores y tres del PP contra jueces progresistas, deja al tribunal sin quórum para resolverlas y debatir el recurso de los populares contra la reforma legal que, entre otros puntos, prorroga el mandato de sus máximos responsables. La corte tiene doce miembros, pero la presidenta y el vicepresidente decidieron semanas atrás abstenerse en el debate sobre la norma porque afecta a sus mandatos, con lo que el pleno queda reducido a diez magistrados. Las recientes recusaciones dejan el tribunal reducido a cinco, cuando el quórum exigido es de ocho. María Teresa Fernández de la Vega apeló a «la pericia, rigor, capacidad, independencia e imparcialidad» de los magistrados para que encuentren «una solución» que impida el bloqueo. Fuentes gubernamentales defendieron que las recusaciones del PP están basadas en «recortes de periódicos» mientras que las exclusiones que ha planteado el Gobierno tienen «motivación», están basadas en «unos hechos» y redactadas «con arreglo a la ley». El partido opositor formuló una apelación casi idéntica, pero en sentido inverso. Su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, pidió al Gobierno que «reconduzca» la situación y renuncie a «interferir en el funcionamiento» del tribunal. Elorriaga culpó al Gobierno de haber llevado al tribunal a una situación «límite».

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