Interior espera resolver 5.000 casos al año con la base unificada de ADN La ley no permite a la Ertzaintza y los Mossos volcar sus archivos

La investigación criminal basada en las muestras de ADN tendrá plena cobertura jurídica a partir de este viernes. La ley orgánica de creación de un fichero unificado de perfiles genéticos, una de las recomendaciones de la comisión de investigación del 11-M, entra en vigor y los especialistas del Ministerio del Interior están convencidos de que les servirá para aclarar entre 4.000 y 5.000 crímenes al año, la mitad de ellos violaciones. Delitos que hasta ahora estaban sin resolver por la imposibilidad de comparar los restos encontrados en las escenas de los crímenes con perfiles extraídos de sospechosos. La nueva base, que estará bajo la tutela de la Secretaría de Estado para la Seguridad, nace de la fusión de los hasta ahora dispersos archivos de la Guardia Civil y de la Policía sobre delitos, personas desaparecidas y cadáveres sin identidad (programas Fénix y Humanitas). Según explicó este miércoles Antonio del Amo, comisario de Policía Científica y uno de los «padres» del proyecto, el registro unificado dará sus primeros pasos con 45.000 perfiles genéticos: 6.000 muestras indubitadas (extraídas a sospechosos por orden judicial) y 39.000 ADN dubitados, encontrados en miles de escenas de crímenes y de los que se desconoce la identidad. A ellos habrá que sumar unos centenares más de perfiles de personas desaparecidas y de cadáveres sin nombre. La principal novedad de la ley orgánica, además de la creación en sí del fichero, es que a partir de ahora la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía podrán tomar muestras, incluso a la fuerza, de sospechosos de delitos graves sin la autorización del interesado y sin el permiso previo del juez (aunque siempre se le notificara a la autoridad judicial). El artículo 3 de la nueva legislación abre por primera vez la puerta a la obtención sin autorización del juzgado de muestras de detenidos acusados de delitos «que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual». Además, se incluyen los delitos contra el patrimonio «siempre que fuesen realizados con fuerza en las cosas» y la «violencia o intimidación de las personas». La ley orgánica también autoriza a extraer ADN a cualquier sospechoso de pertenecer a una banda de delincuencia organizada, sea o no de carácter terrorista. ADN no codificante La ley, sin embargo, fija taxativamente qué tipo de ADN podrá extraerse a los sospechosos de estos delitos graves. «Las muestras será siempre de ADN no codificante, es decir, solamente podrán tener valor identificativo, incluido el sexo», explica el comisario Del Amo. «No podremos extraer muestras para hacer estudios o localizar enfermedades. El ADN sólo podrá servirnos para decirnos si una muestra corresponde o no a un individuo», matiza el mando policial. La Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra no volcarán sus archivos de ADN en la nueva base unificada, ni tampoco tendrán acceso directo a los archivos del Ministerio del Interior. A pesar de que una de las recomendaciones de la comisión del 11-M era unificar todas estas bases, la nueva ley, por el momento, sólo autoriza a que el Ministerio del Interior «ceda» datos en casos particulares y a petición de las fuerzas de las comunidades autónomas. El preámbulo de la ley sólo habla de la posibilidad de que en un futuro las policías autonómicas «puedan eventualmente integrarse» en la base común genética. Mientras tanto, la ley es tajante: «los datos contenidos en la base de datos sólo podrán utilizarse por las unidades de Policía Judicial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entendiendo por tales las unidades respectivas de las Policía y de la Guardia Civil». Los reparos del Ministerio del Interior para brindar acceso libre y sin restricciones a la Ertzaintza y a los Mossos contrastan con la autorización para que los miles de perfiles genéticos almacenados puedan ser consultados, aunque sin acceso directo, por los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que no se dedican a labores policiales. La ley también autoriza a la cesión de estas informaciones genéticas «a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros países de acuerdo con lo previsto en los convenios internacionales ratificados por España y que estén vigentes». La ley ratifica la base de datos genéticos conjunta ya existente, integrada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d¿Escuadra. La Ertzaintza y el Instituto Nacional de Toxicología se sumarán una vez se superen problemas técnicos que por ahora lo impiden, según avanzó un portavoz del Ministerio del Interior. El artículo 7.3 de la norma precisa que las policías autonómicas sólo podrán usar los datos así obtenidos para la investigación de los delitos previstos en la propia legislación, para la identificación de cadáveres.