Exigen al Gobierno que prohíba las manifestaciones xenófobas

Numerosas organizaciones sociales, entre ellas Comisiones Obreras, el Movimiento contra la Intolerancia, el Consejo de la Juventud y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados -a las que se unió Izquierda Unida-, exigieron ayer al Gobierno que prohíba las manifestaciones ultraderechistas de carácter xenófobo. Esa fue su reacción tras la muerte del joven de 16 años Carlos Javier Palomino, apuñalado por un soldado neonazi el domingo en el metro de Madrid, antes de que se celebrara una marcha legal convocada por el partido ultra Democracia Nacional (DN) bajo el lema «Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración». Interior estudia ahora prohibir varias manifestaciones convocadas este fin de semana por partidos de extrema derecha legales, siguiendo una orden expresa del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste justificó la autorización concedida a DN «porque las leyes son las leyes; a uno le pueden gustar unas manifestaciones más que otras, pero la gente tiene derecho a manifestarse». Pero recordó que la Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido algunas a las que luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado luz verde. Esto sucedió con la convocada por Falange para el sábado y el domingo próximos en homenaje a José Antonio, con la coletilla «asesinado por los socialistas». Contra la inmigración Otro grupo ultra, Alianza Nacional, ha organizado otra manifestación xenófoba para este sábado bajo el lema «Stop: La inmigración destruye el futuro», que pretende recorrer el centro de Madrid, las calles Montera, Gran Vía y la Puerta del Sol. La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, no descartó que ambas se prohíban, «conforme a derecho con el precedente de los sucedido». Fuentes de Interior indicaban que el argumento sería que el asesinato de Palomino ha aumentado el riesgo de incidentes, con el consecuente peligro para las personas y los bienes. Sin embargo, el hecho de que la muerte no se produjera en el curso de la manifestación ni como consecuencia de una reyerta entre bandas dificulta proceder a la porhibición. Además, Soledad Mestre señaló que el asesinato del menor no fue una agresión racista puesto que la víctima «es española». Por su parte, el PP se mostró genéricamente favorable a ilegalizar a los partidos que amparen la violencia. «Si hay un partido que vulnera la ley, si no encaja en la Ley de Partidos, por supuesto que habrá que iniciar los procedimientos para dejarle al margen», aseguró su secretario general, Ángel Acebes. Gaspar Llamazares calificó de «paradoja» que se ilegalicen fuerzas políticas por no condenar el terrorismo, como Batasuna y no se prohíban las actuaciones de los grupos neonazis. El coordinador general de IU señaló que pedirá la comparecencia de Rubalcaba en el Congreso para pedirle que nos se autoricen las marchas racistas. El portavoz de ERC en el Congreso, Agustí Cerdá, denunció que los grupos racistas y de ultraderecha actúan con total «impunidad» en determinadas ciudades españolas . Ya se ha identificado al agresor de Palomino y de otros siete jóvenes izquierdistas, que formaba parte de un grupo antifascista que pretendía reventar la manifestación contra la inmigración convocada por Democracia Nacional. Se trata de Josué E. de la H., un soldado profesional destinado desde el pasado enero en el batallón de Honores del Regimiento Inmemorial del Rey del Ejército de Tierra. Ingresó en el Ejército el año pasado y no había dado «ningún problema de comportamiento», según fuentes militares.