Amnistía denuncia «la impunidad absoluta» de los malos tratos policiales

«Golpes, patadas, puñetazos, insultos, amenazas con pistolas y cuchillos, azotes en los pies, amenazas de muerte y de violaciones». Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles en Madrid un informe monográfico sobre los malos tratos policiales en España que recoge una docena de casos recientes de «vejaciones y torturas» a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, de las policías municipales y de los cuerpos de autonómicos. El informe no incluye una cifra total de actuaciones irregulares y tampoco las concreta. El estudio «España: sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policías en casos de tortura y otros malos tratos» asegura que las vejaciones a los arrestados «no son hechos aislados ni cometidos por un puñado de agentes», sino una práctica extendida, aunque no generalizada, pero que «empaña injustamente» el trabajo de los miles de policías españoles. Unos malos tratos que según la directora del estudio Rachel Taylor se han extendido en los últimos años por el «ambiente de impunidad absoluta» en el que viven los agentes que comenten torturas y que muy raramente son sancionados penal o administrativamente. Amnistía Internacional explica que «lleva años expresando su honda preocupación por los casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes inflingidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» y, sobre todo, por la «impunidad efectiva de los responsables». Una inquietud, recuerda la asociación, de la que se han hecho eco también en los últimos seis años el Consejo de Europa y del Comité Contra la Tortura de la ONU. «Hay una falta de voluntad política de este Gobierno y de los anteriores para prevenir, investigar y castigar los casos de torturas», aseguró el director de la Sección Española de AI, quién insistió en «que las vejaciones existen porque el Ejecutivo no está cumpliendo sus deberes nacionales e internacionales». Irregularidades AI apunta varias irregularidades que se repiten en casi todos los casos de denuncias de malos tratos policiales, que suelen terminar en archivo: los agredidos se encuentran con todo tipo de obstáculos para presentar las denuncias; no hay investigaciones independientes; se intimida a los denunciantes; los informes médicos y forenses sobre las lesiones sufridas son incompletos o inexactos; los tribunales alegan que la ausencia de pruebas suficientes para sustanciar la denuncia; se cierran los casos con la única base de las declaraciones de los funcionarios; y la «ausencia general de imparcialidad, prontitud y exhaustividad en las investigaciones». Los especialistas «han constatado que las investigaciones de malos tratos siguen con frecuencia el mismo patrón, que es un expediente interno inexiste o inadecuado de lo sucedido y rápido archivo de toda la denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respalden». «Muchas de las investigaciones sobre denuncias de malos tratos que Amnistía Internacional ha examinado revelan una aparente falta de imparcialidad y objetividad. Las investigaciones de casos de vejaciones corren a cargo de jueces de instrucción que reciben ayuda de la policía judicial», señala el informe. «Incluso, en algunos casos se asignó a un agente del mismo cuerpo que los presuntos autores de los malos tratos la investigación». «Las autoridades españolas deben de dejar de negar la existencia de tortura y otros malos tratos a manos de agente de policía, porque la falta de voluntad política para abordar el problema ha dado lugar a nuevas violaciones de derechos humanos»» RACHEL TAYLOR Directora del estudio