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Detenidos 16 funcionarios y técnicos que cobraban 20.000 euros para agilizar trámites

Destapada una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid

Los implicados podrían ser acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación

Agentes de la Guardia Civil durante el registro en la Junta Municipal de Distrito de Centro

Publicado por
Enrique Clemente - redacción
León

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La Guardia Civil detuvo ayer a 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid que supuestamente formaban una trama que se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a cambio de agilizar los trámites para conceder licencias de apertura de locales y establecimientos. Los implicados podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. En el curso de la bautizada como operación Guateque, los agentes de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, dirigidos por el juez José Santiago Torres, llevaron a cabo más de un decena de registros simultáneos en el consistorio, sedes de juntas de distrito, domicilios particulares y despachos de abogados. En el Ayuntamiento, donde inspeccionaron especialmente el departamento de zonas protegidas situada en la tercera planta del departamento de urbanismo -conocido como el gallinero- se incautaron de ordenadores, discos duros y miles de folios de documentación. Según fuentes de la investigación, la red llevaba más de dos años actuando como una «verdadera organización mafiosa» y cobraba hasta 20.000 euros por conceder cada licencia de apertura de un local, que habitualmente se demora más de dos años. La integraban en su mayoría trabajadores de la gerencia de urbanismo y de la concejalía de medio ambiente con muchos años de antigüedad, además de abogados y arquitectos. Los funcionarios de medio ambiente se dedicaban a archivar las denuncias de los vecinos contra establecimientos que incumplían las normas municipales especialmente sobre el ruido, de ahí el nombre de operación Guateque. Los investigadores tienen pruebas de que la trama corrupta dio luz verde al menos a 187 expedientes en los últimos meses, por lo que cobraron cerca de cuatro millones de euros. El juez Torres decretó el secreto del sumario. No está implicado ningún responsable político del Ayuntamiento, que ha colaborado en todo momento en la investigación.

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