El líder madrileño descarta la implicación de responsables políticos en la corrupción
Gallardón estudia privatizar el servicio de concesión de licencias
El alcalde de Madrid acepta la propuesta del PSOE de crear una comisión de investigación
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, durante una conferencia ayer
La investigación policial y judicial que desarticuló la trama de funcionarios corruptos en el Ayuntamiento de Madrid tendrá continuidad en el ámbito municipal con una comisión investigadora de la Corporación. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció este jueves que el grupo mayoritario aceptará la solicitud que ha anunciado la oposición para crear una comisión de investigación. Ruiz-Gallardón volvió a descartar la implicación de responsables políticos en la red de tráfico de influencias y cohecho que funcionaba desde hacía dos años en el ayuntamiento madrileño. En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno, explicó que los detenidos son funcionarios o personas «externas» que «no tienen ningún tipo de vinculación» con el consistorio e indicó que todos los empleados públicos implicados tenían únicamente responsabilidades de gestión. No obstante, se mostró partidario de la creación de la comisión municipal de investigación que reclama el PSOE, pero sólo cuando el juez que dirige el caso, José Santiago Torres, levante el secreto del sumario que pesa sobre la causa. La mayoría del PP en el ayuntamiento aceptará también las solicitudes de la oposición para que comparezcan ante el pleno los miembros del gobierno municipal, así como las concejalas de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Botella y Pilar Martínez. Privatización El alcalde también informó de que se están estudiando distintas posibilidades de mejora de los trámites de gestión de las licencias municipales, ara evitar retrasos innecesarios y prevenir actuaciones delictivas como las detectadas en la Operación Guateque. Una de las posibles medidas que maneja el equipo de gobierno es la externalización del servicio de licencias, según declaró Ruiz-Gallardón. Fuentes municipales explicaron que se trataría de trasladar a agencias privadas y homologadas las labores de certificación de los distintos servicios que ahora realiza el personal municipal. Dichas empresas -previamente homologadas por los correspondientes colegios profesionales- emitirían los distintos certificados necesarios para la concesión de licencias, cuya gestión y resolución seguirían en manos de los empleados públicos y sus correspondientes gestores municipales.