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La reunión del pleno para discutir las reprobaciones planteadas por el Gobierno aún no tiene fecha

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a. t. | madrid
León

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Con el quórum resuelto, el pleno podrá por fin entrar a discutir si admite o no a trámite el recurso de los populares que desató toda esta polémica: la demanda contra la reforma legal que prorroga de forma automática el mandato de la presidenta del tribunal -concluido en junio- hasta que se produzca la renovación de la institución, que la ley prevé para el próximo diciembre. Sin embargo, la renovación no será posible hasta después de las elecciones de marzo por el enconamiento de la lucha partidista y a la inminente disolución del Parlamento. La reunión del pleno para discutir las dos recusaciones planteadas por el Gobierno contra García-Calvo y Rodríguez-Zapata aún no tiene fecha, pero se producirá antes de la semana próxima. El Ejecutivo considera que ambos magistrados están «contaminados» por haber enviado en junio pasado a la presidenta una carta en la que le exigían su inmediata dimisión y en la que anticipaban ya su «profunda discrepancia» con la norma recién aprobada, sobre cuya legalidad ahora tienen que pronunciarse. El pleno que se reúna para resolver las recusaciones gubernamentales podría estar formado sólo por ocho miembros y quedar excluidos de la discusión los magistrados impugnados, como es costumbre siempre que no peligra el quórum. De ser así, la composición sería de cinco juristas de tendencia progresista y tres conservadores

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