Ocho presos por cada cinco plazas complica la situación de las cárceles Trasladados a otros centros los que se amotinaron en Picassent El BNG respaldó a Magdalena Álvarez a cambio de transferencias para Galicia

El motín de la prisión de Picassent, la mayor de España, vuelve a sacar a la luz la deplorable situación de hacinamiento que se vive en casi todas las cárceles del país. Las 1.330 plazas del penal valenciano se quedan pequeñas para los 2.550 reclusos que alberga. Allí la situación es extrema, pero la media nacional no arroja un balance más alentador. La población reclusa es de 66.612 y las plazas disponibles no superan las 40.400: una ocupación mayor al 160%. El Gobierno ya se dio por enterado del grave problema en noviembre del 2005. Anunció entonces su intención de levantar 46 nuevos centros en seis años, de los que quince serían penitenciarías de gran capacidad (por encima de las mil celdas). Cumplida una tercera parte del plazo, las obras avanzan a un ritmo desalentador. Sólo se ha terminado una de las macrocárceles proyectadas, la de Puerto III, en Cádiz, a la que se añaden los centros de inserción social de Vigo, Huesca, León y Alicante -de entre 34 y 93 celdas-. Las obras Desde Instituciones Penitenciarias aseguraban a este periódico que antes del final de esta legislatura estarán acabadas otras tres grandes prisiones -Morón de la Frontera (Sevilla), Madrid VII y Castellón II-, cuya construcción está muy avanzada. Se da la circunstancia de que estos tres recintos y el de Puerto III ya estaban proyectados por el anterior gobierno del PP, aunque, como bien aclaran desde el departamento que dirige Mercedes Gallizo, los populares «no habían puesto una sola piedra». La saturación es el principal caballo de batalla de los sindicatos. El vicepresidente de Acaip, Juan Figuera, denunciaba ayer que «durante esta legislatura el número de reclusos ha crecido siete veces más que el de celdas». Figuera se quejaba también de la falta de infraestructuras para garantizar la separación de presos por edades y tipos de delito y condena. Tras el problema de la saturación de las cárceles se esconde un dato llamativo: el insólito crecimiento de los reclusos extranjeros. A finales del 2000, los presos no españoles eran 7.264; en el 2005, esta cifra había aumentado hasta los 14.677 y el mes pasado se llegaba a los 22.384. La cifra se ha triplicado en siete años y ahora una de cada tres personas que cumplen condena en España es extranjera. Los cuatro reclusos de la cárcel de Picassent que retuvieron durante 12 horas a tres funcionarios de prisiones fueron ayer trasladados a otros centros penitenciarios, mientras que el sindicato Acaip relaciona el incidente con la masificación de la prisión y alerta de que pueden repetirse episodios similares. La dirección general de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para determinar los detalles del suceso, que comenzó a las 18 horas de ayer en un módulo de presos conflictivos de la cárcel valenciana, cuando cuatro internos retuvieron a tres funcionarios, que fueron liberados paulatinament a lo largo de 12 horas. El primero de los funcionario liberados, que al parecer fue agredido en los comienzos del motín, fue ingresado en observación en un hospital valenciano debido a los golpes que sufrió, si bien ha sido dado ya de alta y se encuentra en su domicilio, mientras que los otros dos están en buen estado. Los cuatro internos depusieron su actitud después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Picassent, que ayer estaba en funciones de guardia, les asegurara que serían trasladados a otras cárceles y que no debían temer por su integridad física. Después de media hora de conversación con la jueza, los reclusos desistieron en su actitud y liberaron al rehén que quedaba. El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del Bloque, Anxo Quintana, aseguró ayer que la decisión de no apoyar la reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que se debatió en el Congreso, demostró que «el BNG decide» y «eso es bueno para Galicia». Quintana, que hizo estas declaraciones tras firmar un protocolo para colaborar en la construcción de un centro de día en Avellaneda (Argentina), expresó su satisfacción por el «cambio de postura» del Gobierno central con respecto a Galicia, ya que éste se comprometió a desbloquear las transferencias pendientes a la comunidad. PNV, BNG, CHA y dos tránsfugas votaron el martes en el Congreso en contra de la reprobación de la ministra por el caos ferroviario de Barcelona. El vicepresidente anunció, en este sentido, que ha convocado para el próximo lunes a los portavoces de los tres grupos parlamentarios para iniciar la redacción de un proyecto de ley para que el tráfico pueda ser transferido a Galicia mediante ley orgánica, que el PSdeG apoyará, según Quintana, y que tomará como referencia el documento presentado en su día al entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El responsable de la Vicepresidencia gallega reconoció que «seguramente hay más de una razón para reprobar a la ministra», pero que la pretensión del BNG con la decisión de votar en contra del cese de Magdalena Álvarez era «hacer prevalecer los intereses de Galicia». Quintana indicó que su reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá lugar antes del próximo 15 de diciembre.