La norma pone orden en un caos de contratos a veces sólo de palabra

El preámbulo de la ley de subcontratas ocupa casi una página en el BOE, algo poco usual en normas sin contenido político específico. Ésta, sin embargo, debió de parecérselo al legislador, visto que ha sido una de las pocas consensuadas en esta legislatura por PSOE y PP, paradójicamente con el voto en contra de CiU y PNV. El legislador reconoce como inevitables las subcontratas de obras y servicios con especial tradición en el sector constructor, lo que permite «un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores e inversión en nuevas tecnologías», además de abaratar costes en aras de una mayor eficiencia empresarial. A cotinuación, sin embargo, se advierte sobre abusos de hecho en las cadenas de subcontratación, precisamente cuando la edificación y la obra pública se han convertido en el motor de la economía del país. «Se da», añade el preámbulo, «en no pocos casos la participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de los márgenes empresariales y de los servicios proporcionados (...) favoreciendo el trabajo sumergido justo en el elemento final de la cadena». La exposición de motivos de la ley hace contínuamente hincapié en la elevada siniestralidad de la construcción, «sin que resulte posible atribuir el origen de esta situación a una causa única, dada su complejidad», pero asume parcialmente las tesis de los sindicatos en el sentido de que el grueso de los accidentes se deben a la precariedad en el empleo, la falta de formación y experiencia que ello conlleva, los destajos provocados por horarios y productividades sin control a causa de las subcontratas en los escalones más bajos y, por último, la impunidad en que se mueven no pocas empresas, a las que resulta muy difícil pedir responsabilidades: simplemente no están constituídas como tales o desaparecen al acabar la obra.