Cinco funcionarios detenidos por el cobro de comisiones en Madrid

Cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid fueron detenidos ayer por la Guardia Civil en la segunda fase de la llamada operación Guateque, que dirige el juez Santiago Torres contra una red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en la capital. Las detenciones se han practicado en la Gerencia de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las Juntas Municipales de los distritos de Salamanca, Chamartín y Carabanchel, y se suman a las diecisiete -dieciséis funcionarios y un empresario- realizadas el pasado 14 de noviembre, cuando se destapó el caso. Fuentes de la investigación han indicado que también durante esta jornada se han llevado a cabo nuevos registros en esas sedes municipales, además de en la Junta Municipal de Retiro. En dichos registros, los investigadores se han incautado de material informático y diversa documentación, como ya ocurriera el 14 de noviembre. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que las diligencias de ayer son consecuencia de las declaraciones e investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en el juzgado que instruye el caso. Según el regidor, el Juzgado notificó al Ayuntamiento hace diez días que se iban a producir nuevas actuaciones como «extensión» de las realizadas hasta ahora. Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, ha dicho que no le «sorprendería que a lo largo de las próximas fechas hubiera nuevos registros y nuevas detenciones», y que la trama de corrupción es «más grande» de lo que sospechaba. Responsabilidad Además, ha vuelto a pedir al alcalde que asuma su «responsabilidad» y que «cese inmediatamente a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y a la antigua concejala de Medio Ambiente y actual concejala de Obras y Espacios Públicos, Paz González». Sobre este asunto ha hablado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha vinculado el «entramado de corrupción» a la aparición de un nuevo informe de calificación ambiental que entró en vigor en 1997, cuando ella ya no estaba en el Ayuntamiento de Madrid, según ha subrayado. Aguirre ha abogado por «atajar cualquier conato de corrupción», mientras que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha afirmado que «a todos conviene que esas malas hierbas, si existen, sean extirpadas».