El Poder Judicial coordinará su propuesta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Los jueces podrán asignar escoltas en casos especiales a mujeres maltratadas
El objetivo es cubrir el vacío que genera la falta de policías para poder cumplir las órdenes judiciales
Los escoltas privados podrán proteger a mujeres víctimas de maltrato que se encuentren en grave situación de riesgo, asumiendo una labor que corresponde, según las circunstancias, a la Policía Nacional, policías autonómicas y municipales. Será «en casos excepcionales», cuando lo considere oportuno el juez encargado del caso y siempre de una manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, antes de poner en marcha la medida. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este jueves la propuesta, que elevará a la próxima reunión de la Comisión Nacional de Policía Judicial, donde debe ser acordado este punto. La iniciativa arranca de la constatación de que en muchos lugares faltan efectivos policiales para cumplir con las órdenes judiciales de escolta para las víctimas de violencia de género más expuestas a situaciones de peligro. Existen además precedentes del uso de escoltas de seguridad privada para estas funciones, como ocurre en el País Vasco, donde la seguridad y protección de estas mujeres les ha sido asignada. Acompañamiento y defensa A la vista de estas circunstancias, la Asociación Española de Escoltas dirigió a la Comisión Nacional de Policía Judicial la propuesta que, de manera previa, ha recibido el visto bueno del CGPJ. La normativa sobre seguridad privada permite a los escoltas realizar labores que «excepcionalmente podrían atender a las finalidades que buscan las órdenes de protección», como el acompañamiento, la defensa y la protección de personas que no sean cargo públicos para evitar «que sean objeto de agresiones o actos delictivos», recuerda sobre el asunto el Consejo General del Poder Judicial. El texto del acuerdo subraya, además, que de este modo, incorporando a los cuerpos de seguridad privados a la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no alcancen a cubrir todas las necesidades que surgen en esta cuestión.