La Fiscalía pide a Garzón que sea el garante de la ilegalización de Batasuna El «delfín» que se hundió junto al «Prestige»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha pedido a Baltasar Garzón que se convierta en la práctica en el garante de que la ilegalización de Batasuna, acordada el 27 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo en aplicación de la ley de Partidos, se cumple a rajatabla y en todas las situaciones previstas por el fallo judicial. La proscripción total del partido por la Sala Especial del Supremo, después de siete meses de proceso de ilegalización, no llevó aparejado un control real sobre la ejecución de lo dispuesto en la sentencia y Batasuna, de hecho ya fuera de la ley, actuó durante meses casi con total libertad y celebró reuniones, debates, manifestaciones, mítines y otros actos sin impedimentos. La situación se mantuvo hasta que la Audiencia Nacional, dentro del sumario que instruye el Juzgado Central 5 contra casi cincuenta veteranos dirigentes del frente institucional de ETA, reiteró la suspensión penal de todas las actividades de la formación. Esta medida cautelar permitió a Garzón -y a Fernando Grande-Marlaska en los meses que le sustituyó- ordenar a las fuerzas de Seguridad que le alertasen ante cualquier intento de actuación de Batasuna, para así dictar las medidas precisas para prohibirlo e incluso para detener a los responsables de la formación si se estimaba necesario. Manifestaciones prohibidas El juez Baltasar Garzón ordenó ayer a la Ertzaintza que tome las medidas necesarias para impedir la celebración de las manifestaciones convocadas por la izquierda abertzale el lunes próximo en múltiples poblaciones del País Vasco a favor de los presos de ETA. El juez comunica al Gobierno Vasco que si se confirma que entre los convocantes está la organización terrorista Segi las protestas son ilegales. Xosé Cuiña Crespo, uno de los políticos más relevantes del centro-derecha gallego y hasta el año 2003 número dos del PP de Galicia y delfín de Manuel Fraga, murió este viernes en el Hospital Clínico de Santiago a causa de una neumonía. Cuiña, de 57 años y natural de la población pontevedresa de Lalín, había sido ingresado en la clínica el día 14. Su enfermedad se agravó en las últimas horas con un shock séptico, según un comunicado del centro hospitalario. Su cuerpo fue trasladado a su localidad natal, donde la corporación municipal celebró un pleno extraordinario y decretó tres días de luto oficial. En el salón de plenos del consistorio será instalada este sábado la capilla ardiente y el domingo tendrá lugar el funeral y el entierro. Políticos, amigos y compañeros se desplazaron hasta la casa familiar para expresar su condolencia a los familiares del ex consejero. Entre ellos, el presidente del PP, Mariano Rajoy; el líder popular gallego, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Parlamento de Santiago, Dolores Villarino; y el ex presidente de la Xunta, Fernández Albor. Rajoy recordó a su compañero de filas como «un hombre que vivía la política, que trabajó siempre con mucho ahínco, que tuvo muchos más aciertos que equivocaciones, y yo lo he sentido mucho». El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, destacó que su figura política «fue extremadamente relevante en la vida pública de nuestra comunidad autónoma», y Anxo Quintana, vicepresidente de la Xunta y dirigente del BNG, señaló que «con luces y sombras, con aciertos y con errores intentó desde sus puestos de responsabilidad, servir a lo que el consideraba lo mejor para el país». Pero quien con más sentimiento se expresó fue su amigo y compañero político, Xosé Luis Baltar, quien, junto a Cuiña, representaba la llamada corriente galleguista del PP, enfrentada al sector más cercano a Rajoy y Núñez Feijóo. De alcalde al Prestige Cuiña se inició en la política a los 29 años como alcalde de su pueblo natal; a los 37 presidió la Diputación de Pontevedra, y a los 40 era ya vicepresidente y delfín de Fraga. Fue el único político directamente afectado por la catástrofe ecológica del «Prestige», en 2002, cuando hubo de presentar su dimisión al año siguiente como consejero y vicepresidente de la Xunta, al relacionarse una empresa de su entorno familiar con presuntas irregularidades en el suministro de material para la limpieza del chapapote. Su última actuación parlamentaria fue para explicar su gestión en la autovía de O Salnés, porque el dictamen de la comisión de investigación lo señaló como responsable.