El Ejecutivo y la Fiscalía propondrán en enero al Supremo la ilegalización de los dos partidos
El Gobierno ya decidió que ANV y PCTV no estarán en las elecciones
La iniciativa incluirá la suspensión de actividades y la impugnación de las listas encubiertas
El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ya ha tomado la decisión: ni ANV ni el PCTV ni ninguna otra candidatura sospechosa de suceder a la ilegalizada Batasuna concurrirán a las próximas elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Con esta idea clara, lo único que le resta al Ejecutivo es utilizar los cauces legales para impedir que una lista electoral ejerza de «frente institucional» de ETA en el Congreso y poner en marcha los procesos judiciales que dejarían fuera de la vida política, de forma definitiva, a los dos partidos que, según las fuerzas de seguridad, se han convertido en el altavoz de Batasuna y han permitido su pervivencia en los ayuntamientos, las diputaciones y el Parlamento vascos. La cuenta atrás comenzará el día de Reyes. Cuando el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se quedaron vacíos la semana pasada para celebrar el fin de año, la parte sustancial del trabajo que se desarrollará en los próximos tres meses ya estaba preparado, según las distintas fuentes jurídicas y gubernamentales consultadas. Las fiscalías del Supremo y la Audiencia, coordinadas con la Abogacía del Estado, han trabajado durante más de un mes para tener listo el esqueleto de lo que serán las demandas de ilegalización de ANV y el PCTV, dirigidas a la Sala Especial del alto tribunal, y las peticiones de suspensión de actividades de ambas formaciones, que se tramitarán en las causas penales que contra sus respectivas direcciones tiene abiertas el juzgado de Baltasar Garzón. El punto de inflexión se espera para la semana del 7 al 13 de enero. Todo apunta a que esos días la Policía y la Guardia Civil pueden haber acabado el exhaustivo informe sobre los posibles vínculos entre ANV, PCTV y Batasuna que Garzón les encargó. Este documento, cuyo primer lector debería ser el magistrado, está llamado no sólo a ser el instrumento para lograr la suspensión penal de actividades de ambos partidos sino también la base de las demandas de ilegalización ante el Supremo.