El Supremo decide esta semana el futuro de ANV como partido político

La Sala Especial o del artículo 61 del Tribunal Supremo recibirá a lo largo de esta semana las demandas de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunistas de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) formuladas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Las demandas se basan en los informes policiales entregados el pasado martes al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que en conjunto ocupan casi 2.500 folios y en los que se constata la tutela económica y política que la ilegalizada Batasuna ejerce sobre ambas formaciones. La Fiscalía General del Estado utilizará la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos -que prevé que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos- y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición: la colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo, en referencia a Batasuna. En el caso del PCTV también se alegará el abono de las retribuciones de hasta 39 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional, además de la cesión de uno de sus locales, situado en un polígono de San Sebastián, para reuniones clandestinas de los miembros de la formación ilegalizada. En cuanto a ANV, además de la cooperación «efectiva y reiterada», se aportará como causa la contemplada en el apartado A del citado artículo: minimizar las acciones de terrorismo y no condenarlas. El Ministerio Público acompañará sus demandas de una petición de suspensión cautelar de las actividades de los dos partidos, de modo que aunque el procedimiento se prolongue varios meses -la ilegalización de Batasuna llevó seis y medio- se impida a ANV y a EHAK-PCTV concurrir a las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Fuentes de la Fiscalía informaron de que la demanda contra EHAK-PCTV estaba prácticamente ultimada a finales de la semana pasada, mientras que se seguía trabajando en la de ANV, por lo que es previsible que se presenten ante la Sala del 61 en días distintos. También los servicios jurídicos del Estado están elaborando sus demandas, después de que el Consejo de Ministros les autorizara iniciar los trámites.