El Gobierno pide la ilegalización de ANV porque es parte de ETA

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pidió ayer al Tribunal Supremo que ilegalice a Acción Nacionalista Vasca (ANV) porque el partido y su ejecutiva son «parte integrante» de ETA. La Abogacía considera que ANV cumple con dos de los tres requisitos establecidos por la Ley de Partidos en su artículo 9 para la proscripción de una formación: «complementa y apoya políticamente la acción de ETA» y «justifica o exculpa» los atentados de la banda. Lo mismo indicará la demanda de la Fiscalía contra este partido, que se presentará este jueves ante la Sala Especial del alto tribunal. La demanda, de 80 folios y cuatro cajas de anexos policiales, no sólo considera probado que ANV es una organización sucesora de Batasuna, que ha ocupado su hueco en las instituciones para burlar la proscripción del partido, sino que entiende que la formación está «insertada en el brazo político de ETA, integrada personal, orgánica y financieramente en el complejo ETA/Batasuna». Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido en el último momento no pedir al Supremo que aplique a ANV la sentencia de Batasuna, fórmula más breve prevista para los partidos herederos de la coalición proscrita, sino que, como el martes pasado hizo la Fiscalía, ha iniciado un proceso largo, con juicio incluido, exactamente igual al que disolvió el frente institucional de ETA en 2003. El jefe de la Abogacía del Estado señala en el escrito que ANV, con 70 años de historia, ya no está sólo ubicado en la órbita de la izquierda independentista vasca, ni se limita a defender el nacionalismo laico que justificó su creación al inicio de la Segunda República. Indica que la «cercanía» de ANV a los planteamientos y estrategia de Batasuna y ETA, que le llevó a formar parte de la coalición proscrita desde 1979 hasta 2002, se recuperó de nuevo tras la ilegalización en 2003 y se intensificó en las elecciones locales de mayo, tras las que el partido fue «fagocitado» por el frente institucional la banda y sus 437 concejales y 42 alcaldes en municipios vascos y navarros fueron «abducidos».