El Poder Judicial expedienta al juez del caso Malaya por dos faltas graves

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió ayer expediente por dos faltas muy graves al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, suspendido cautelarmente al ser investigado en el caso Malaya y en relación con el caso Hidalgo. La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha adoptado esta decisión, por unanimidad, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces. El Poder Judicial ha incoado expediente disciplinario a De Urquía por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación o resolución de procesos y por otra, también muy grave, de incumplimiento de la prohibición de asesoramiento jurídico. En concreto la primera falta es la que establece el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señala que es falta muy grave la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales, mientras que la segunda es la prevista en el artículo 417.6 en relación con el 389.7. Este último artículo se refiere al ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de la LOPJ, cuyo apartado 7 dice que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. El juez Francisco Javier de Urquía fue suspendido cautelarmente de sus funciones el 5 de julio al ser investigado por el caso Malaya por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Posteriormente el Tribunal Superior de Andalucía abrió un segundo proceso penal contra De Urquía, en este caso en relación al caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol. En esta causa se investigan presuntas gestiones realizadas por el juez para favorecer a algunos de los imputados en el caso Hidalgo, que se destapó con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas la de varios letrados y notarios de Marbella y en la que se intervinieron 92 millones depositados en 632 cuentas.