El máximo tribunal considera que el Estado ha actuado cuando ha conseguido recopilar pruebas
El Supremo no suspende al PCTV para «preservar el pluralismo»
El Gobierno destaca que el auto respalda al trabajo de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía Garzón ab
El Tribunal Supremo considera que el Gobierno y la Fiscalía han actuado judicialmente contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuando han tenido indicios que le han permitido sostener una demanda. La Sala Especial del Supremo, en un auto emitido ayer, rechaza así la tesis de que se haya hecho la vista gorda durante meses ante la existencia de posibles vínculos entre ese partido y la ilegalizada Batasuna. La resolución judicial, como ya ocurrió el sábado con ANV, rechaza la suspensión cautelar de actividades del PCTV por considerarla «desproporcionada», cuando en unos meses el alto tribunal dictará sentencia sobre su ilegalización. Por motivos semejantes tampoco acepta la clausura de las sedes del partido y el embargo de sus cuentas bancarias. Sí ve causa suficiente, sin embargo, para ordenar a las administraciones públicas el embargo cautelar de las subvenciones y ayudas, porque no significa una pérdida definitiva del derecho y puede ser reparado si la ilegalización no prospera. Los 16 magistrados han tenido que dar su opinión sobre la idoneidad del trabajo de los acusadores públicos como contestación a la propia defensa del PCTV que, durante la vista para las medidas cautelares, defendió que no cabía acordar la suspensión de actividades porque el Estado «había consentido esta situación -la supuesta colaboración entre el partido y la proscrita Batasuna- durante largo tiempo» sin hacer nada al respecto. El letrado defensor se refería a que el Gobierno dejó presentarse a las elecciones vascas de 2005 al PCTV, que logró siete diputados gracias a la base social de Batasuna, y que, desde entonces, ha dejado trabajar sin trabas a este partido y a sus representantes. El auto, aprobado por unanimidad, da respuesta a este argumento: «Los documentos obrantes en la causa demuestran claramente lo contrario». El Gobierno expresó su satisfacción por los argumentos recogidos en el auto judicial. «Nos ha dado la razón», dijo el ministro del Interior, antes de resalatar que se avala el trabajo de la Policía y la Fiscalía.