La Junta ejercerá acciones legales por los daños causados por el «New Flame»
El Consejo de Gobierno autorizó ayer al gabinete jurídico de la Junta a emprender «de inmediato» acciones legales contra el armador y la aseguradora del buque New Flame , al tiempo que acordó denunciar a las autoridades de Gibraltar ante la Unión Europea por el incumplimiento de sus obligaciones. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, informó de estos acuerdos en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que subrayó que la Junta no va a «consentir» que los andaluces «paguen nada que no les corresponde». En concreto, la Junta denunciará al Gobierno gibraltareño ante la UE por incumplir sus obligaciones en relación con la colisión y posterior hundimiento del buque chatarrero New Flame en la Bahía de Algeciras (Cádiz), al tiempo que emprenderá acciones legales por la vía civil para «restañar» los gastos generados por este incidente. Según Zarrías, desde agosto de 2007 se han recogido en las playas algecireñas un total de 824 toneladas de residuos -una mezcla de hidrocarburos, agua y arena-, de los que más de 800 se produjeron en diciembre y las otras 24 toneladas el pasado fin de semana. «En este momento, las playas afectadas se encuentran totalmente limpias, pero mantenemos activado el plan de emergencia con un retén de vigilancia y limpieza», explicó el consejero, que agregó que el dispositivo va a estar en «permanente estado de alerta» porque el temporal en la zona «sigue siendo importante». La Junta lleva gastados más de 100.000 euros en la limpieza y el despliegue del Plan Territorial de Emergencia, que se ha activado en las tres ocasiones mencionadas. Zarrías justificó la decisión de denunciar a las autoridades de Gibraltar en el hecho de que no han actuado con la «necesaria diligencia» en las operaciones de remoción de los restos del buque desde que se produjo el siniestro el 12 de agosto de 2007. El consejero criticó, además, que estos trabajos se han desarrollado sin tener en cuenta los «múltiples ofrecimientos» de colaboración y de medios por parte de las autoridades marítimas españolas y de la Junta. Respecto al hecho de que la Junta haya dejado transcurrir un mes desde que anunció que emprendería acciones legales, Zarrías dijo que la decisión se produce en el «momento jurídico oportuno», ya que era necesario preparar las demandas y cuantificar los daños. La Junta de Andalucía denunciará estos hechos ante la Comisión Europea con el fin de que ésta inicie un análisis y dictamine si el Reino Unido ha incumplido las obligaciones del Tratado de la Unión en materia de protección del medio ambiente.