Conde-Pumpido discrepa «total, radical y profundamente» con el fallo
El fiscal general ve preocupante el fallo a favor de los Albertos
El Constitucional recibe también la crítica de los afectados por el llamado «caso Urbanor»
Imagen de archivo de Alberto Cortina acompañado por su abogado
Mientras el fiscal general y los afectados por el llamado «caso Urbanor» criticaron ayer la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno afirmó que respeta la decisión. El Tribunal Constitucional anuló ayer la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo había impuesto hace casi cuatro años a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer (conocidos como Los Albertos) por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor. Alberto Cortina y Alberto Alcocer recibieron ayer numerosas felicitaciones y han dado instrucciones a sus abogados para que estudien y en su caso defiendan sus derechos en todas las instancias nacionales e internacionales que procedan. Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su posición de «respeto» a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de Urbanor. La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, afirmó que la absolución de los Albertos por el caso Urbanor debería servir para replantear «determinadas» legislaciones que evitaran la prescripción de ciertos delitos. Rodríguez-Piñero insistió en que el PSOE «acata y respeta» las sentencias porque cree en la independencia del poder judicial, «no así como el PP, que cree o no en función de si le gusta el resultado de la sentencia». En cambio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, discrepa «total, radical y profundamente» de la sentencia. Conde-Pumpido ha recordado la acusación mantenida por el Ministerio Fiscal en este caso al estimar que han existido los delitos de estafa y falsedad y que los hechos no han prescrito, según la doctrina del Tribunal Supremo. El fiscal general, tras expresar su respeto por la sentencia, ha calificado la resolución de «muy preocupante» ya que «da la vuelta» al derecho de tutela judicial efectiva que debe proteger en materia penal a los perjudicados y a las víctimas, ha dicho.