Pumpido replica al Constitucional que no puede estar con los Albertos

El fiscal general del Estado echó más leña al fuego encendido por la sentencia absolutoria del Tribunal Constitucional a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Cándido Conde-Pumpido afirmó que el alto tribunal busca, con la queja transmitida a José Luis Rodríguez Zapatero, «insinuar maliciosamente una inconstitucional e inexistente dependencia (de la Fiscalía) del Ejecutivo». Esa protesta, añadió, es una muestra de «los ataques inesperados» que recibe el Ministerio Fiscal. Conde-Pumpido no se quedó quieto tras la carta de la presidenta del Constitucional al jefe del Ejecutivo para quejarse de las críticas del fiscal por la absolución de los Albertos de un delito de estafa en el conocido como «caso Urbanor». En el acto de toma de posesión del nuevo fiscal provincial de Madrid, el responsable del Ministerio Público se despachó a gusto contra el órgano destinado al arbitraje constitucional, al que recordó que la Fiscalía es «un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial». El fiscal general quiso subrayar de esta manera que carecía de sentido dirigir una protesta al jefe del Ejecutivo por una actuación suya, salvo que se quiera «insinuar maliciosamente» que existe una relación de «dependencia» entre su institución y el Gobierno, algo que sería «inconstitucional» además de «inexistente». Describió que el Ministerio Público está acostumbrado a los «ataques interesados», pero admitió que en este caso proceden «del lugar más insospechado», el Tribunal Constitucional. Conde-Pumpido indicó en su intervención institucional que los fiscales están obligados «siempre» a estar «más cerca» de los intereses de «los agredidos que de los agresores, de los estafados que de los estafadores». Los representantes del Ministerio Público, prosiguió, también tienen el deber de «proteger siempre los intereses de los más desprotegidos, de los perjudicados, de los titulares de bienes jurídicos tutelados de manera efectiva por el derecho penal». Respeto total y absoluto El fiscal general no hizo mención a nombre propio o institucional alguno, pero todos los asistentes entendieron el recado. Conde-Pumpido discrepó el pasado lunes «total, radical y abiertamente» de la absolución de los Albertos de los delitos de estafa y falsedad documental dictada la semana pasada por el Tribunal Constitucional, que consideró que las infracciones habían prescrito. El fallo dejó sin efecto la condena a tres años y cuatro meses de cárcel y el pago de una cuantiosa multa impuesta en 2003 por el Supremo por una estafa de 40 millones de euros en la venta de unos terrenos en Madrid. Esta actitud del jefe del Ministerio Público, quien además se mostró convencido de que los acusados se quedaron «con el dinero de la estafa», motivó que los 12 magistrados del Constitucional remitieran este jueves una carta de queja a Rodríguez Zapatero, en la que mostraron su «malestar» por las críticas «gratuitas» de Conde-Pumpido, una actitud sin precedentes en los casi 30 años de historia de la corte de arbitraje constitucional. El jefe del Ejecutivo respondió de inmediato a la misiva con el mensaje de que «toma nota» de su protesta, y la vicepresidenta primera señaló este viernes que Rodríguez Zapatero transmitió a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, su «respeto total y absoluto» a las decisiones que adopte ese tribunal, como las que tome cualquier otro de «los órganos constitucionales o de otros poderes del Estado». «El fiscal debe estar siempre más cerca de los intereses de los agredidos que de los agresores» CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO Fiscal general del Estado