El acoso de la violencia machista Morir en silencio

Cincuenta mil hombres condenados por violencia machista en dos años -el 71% de los procesados- y más de cuatro mil encarcelados -el 6% de toda la población penitenciaria- demuestran que la Ley Integral contra la Violencia de Género, incluso con su enorme déficit de recursos y sus graves errores de aplicación, ya está logrando resultados. Pero los cuatro asesinatos de mujeres en un solo día han caído como un desmoralizador mazazo en una ciudadanía «contagiada» con el virus político del corto plazo, acostumbrada a escuchar promesas de recetas legislativas milagrosas y sin el sosiego suficiente para el análisis y búsqueda de soluciones duraderas a un «fenómeno criminal de especial complejidad», como lo describe Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El crispado clima político de la última legislatura y de la actual campaña electoral, plagadas de insultos y agresividad, tampoco ayuda. Además de ser un pésimo ejemplo para la resolución pacífica de conflictos, se aleja del unánime consenso que se necesita para encarar a fondo una lacra social que el año pasado se cobró 74 vidas femeninas, más incluso que en los años previos a la entrada en vigor en 2005 de la Ley Integral. Han tenido que producirse cuatro asesinatos machistas en un día para que los partidos enfrascados en campaña cayeran en la cuenta de la gravedad del problema y volvieran a hablar de un gran pacto nacional. Los antecedentes sobre temas de Estado como terrorismo, educación o inmigración no invitan al optimismo. Y la costumbre de echar siempre la culpa a los demás, confirmada en estos días de dolor y sensación de impotencia, tampoco. Es tiempo, pues, de que la clase política, la sociedad civil y la ciudadanía entera se miren en el espejo crítico de la realidad, desde la perspectiva de que un solo asesinato machista implica un cierto fracaso colectivo. La propia Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, rechaza «hablar de fracaso de la ley» y prefiere «preguntarse cómo ser más eficaz» en su cumplimiento. Y ese «cómo» empieza por la autocrítica en los ámbitos gubernamental y judicial. Porque la ley no es, no podía ser, una panacea inmediata frente a valores machistas enraizados durante siglos. El Gobierno quiso que la Ley Integral contra la Violencia de Género fuera la primera de la legislatura, y se ha esforzado por darle recursos: 83 juzgados específicos (arrancó con sólo 16) y otros 375 compatibles, 37 unidades forenses de valoración de riesgo, casi 2.000 agentes de protección. Pero se quedan muy cortos para atender bien las crecientes denuncias (127.000 en el último año) y para garantizar la seguridad de las víctimas (50 por cada agente), sobre todo el 2,5% considerado de alto riesgo. Déficits judiciales Los déficits judiciales son igualmente notorios. Empezando, como acaba de señalar la Red Feminista, por la falta de formación específica de muchos titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Siguiendo por el excesivo eco de las supuestas denuncias femeninas falsas -«todos los maltratadores dicen que tienen una», protesta la Asociación de Mujeres Juristas Themis-, que contrasta trágicamente con el telón de fondo de uno de los cuatro crímenes del martes: la víctima tenía una orden de alejamiento de su presunto asesino, que la había denunciado por amenazas. Y terminando por la insuficiencia de las unidades que evalúan el riesgo de forma individualizada. Faltan recursos y su funcionamiento es mejorable, pero también hay síntomas de mejora en los juzgados especializados, como el mayor porcentaje (79%) de condenas y la alta concesión (76%) de órdenes de protección. Unos datos que aconsejan ampliar la reflexión autocrítica a otros ámbitos. Incluidos los medios de comunicación, que todavía enfocan más a la víctima -muchas veces en la frontera del morbo- que al castigo que reciben miles de agresores y que, sobre todo en televisión, deberían extremar las precauciones para no poner más en riesgo a las víctimas. No basta con difundir el teléfono 016. Ni siquiera el ámbito feminista, donde el dolor y la rabia se sienten con más intensidad tras años de lucha solitaria contra la violencia machista, puede dejar de mirarse al «espejo crítico». Algunas denuncias de ineficiencia judicial rozan la exageración, que puede desembocar en desconfianza hacia el sistema legal y disuadir a la víctima la hora de denunciar. Algo falla gravemente cuando el 71% de las asesinadas en 2007 nunca había denunciado a su agresor. Nadie acaba de explicar el dato, pero las y los especialistas apuntan dos claves. Por un lado, las víctimas de violencia machista no parecen sentirse suficientemente arropadas por la legislación y las instituciones para dar ese paso. Por otro, la creciente conciencia ciudadana frente a esa lacra no se traduce todavía en una ofensiva social para reclamar ayuda, usar los mecanismos disponibles y dejar patente el abrumador rechazo a los maltratadores. Rechazo social Para lograr esa masiva implicación ciudadana, el movimiento feminista apuesta por campañas de sensibilización sostenidas en el tiempo -el ejemplo de Tráfico es la referencia inevitable y con un triple destino-. La víctima, para que no se resigne y denuncie. El maltratador, para que sea consciente de que la sociedad lo rechaza y de que será castigado legalmente. Y todo su entorno, para que exprese su apoyo a la primera, su desprecio al segundo y se muestre activo para acabar con esa situación. Los indicios de que esa «resignada pasividad» puede estar declinando son aún muy leves: en el 73% de los asesinatos de 2006 no se había registrado denuncia previa; o sea, dos puntos porcentuales más que en el último año.Otro pequeño indicio es la bajada -del 11% al 9%- de las mujeres que retiran su denuncia una vez presentada.