Chaves critica la injerencia del TSJ andaluz en la campaña con su sentencia

Las peticiones para un final de campaña electoral en Andalucía con «juego limpio» parecen haber caído en saco roto. El PSOE criticó ayer la irrupción de los jueces en la campaña con su sentencia favorable a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El PP opinó que la enseñanzas de esta materia debe ser una «opción» de los padres y no una «obligación». Durante un acto en Almería, el presidente de la Junta y candidato socialista a la reelección, Manuel Chaves, sostuvo que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía podían haber tenido «un poco más de sensibilidad» y esperar a la conclusión de las elecciones para publicar su sentencia, ya que «casualmente» se dio a conocer al día siguiente del debate entre los líderes de PSOE y PP, en el que uno de los temas a discutir fue precisamente la enseñanza de dicha materia. «Alguien podría sospechar, yo no lo sospecho, que puede haber alguna interferencia en la campaña», apuntó Chaves, quien señaló que el fallo del TSJA es «profundamente conservador» y dijo no entender «cómo no se puede enseñar en los colegios públicos» los principios y valores de la Constitución, la convivencia o la igualdad. Recordó que hay sentencias contradictorias -caso de Asturias y Cataluña-- y que la Junta tiene intención de recurrir al Tribunal Supremo para que sea quien tome la última decisión. «Torpeza» Javier Arenas consideró estas criticas a los jueces de Chaves «una torpeza» y una «barbaridad» y recordó al todavía presidente de la Junta que «como responsable público está especialmente obligado a respetar al poder judicial y a la independencia de los distintos poderes». El candidato del PP opinó que la enseñanza de determinadas connotaciones ideológicas o doctrinarias «debe ser una opción de los padres y no una obligación», y se mostró favorable a que la administración pública dialogue con la comunidad educativa, resto de partidos y sociedad civil en general para abordar la implantación de esta materia en lugar de recurrir el fallo de alto tribunal andaluz. El candidato de Coalición Andalucista (CA), Julián Álvarez, solicitó a su vez cambiar los actuales contenidos «partidistas» de la materia por otros «más razonables». En un acto en Málaga, instó al PP-A a que si entiende la objeción de conciencia a esta asignatura, «la debería entender también si los inmigrantes a los que les quiere imponer un contrato de asimilación cultural la demandasen», dado que «se les pretende imponer un credo que no es el suyo». «Si somos respetuosos, no podemos serlos con unos sí y con otros no», concluyó. Recurso de la Junta La consejera andaluza de Justicia, María José López, aseguró ayer que la Junta ha recurrido la sentencia del TSJA que otorga a unos padres el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía al entender que es el Tribunal Supremo (TS) quien debe «aunar criterios» y fijar una «interpretación definitiva». A preguntas de los periodistas, López se ha referido al hecho de que fuera de Andalucía se hayan emitido otras sentencias que, por contra, defienden el derecho a impartir esta asignatura «obligatoria», ha precisado. Entiende, por ello, que debe ser el Tribunal Supremo, ante quien la Junta de Andalucía recurrirá la sentencia como «parte perjudicada», quien «decida, aúne criterios y fije una interpretación definitiva».