El Gobierno cree que Aguirre engaña a los padres en Ciudadanía

En las vísperas de las elecciones generales, el Gobierno central y el PP, esta vez a través de su presidenta en la Comunidad de Madrid, volvieron a revivir un encontronazo de alto voltaje con la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía de fondo. El Ejecutivo, por boca de su vicepresidenta y portavoz, acusó a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre de «engañar a los padres» y «poner en peligro la educación de sus hijos» tras la determinación adoptada el jueves de permitir objetar a esta asignatura. La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) adoptó esta actitud a raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoció, por primera vez en España, el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia respecto a esta materia obligatoria, contemplada en la Ley Orgánica de Educación (LOE). María Teresa Fernández de la Vega, de manera tajante, expresó en su comparencia tras la reunión del Consejo de Ministros que «los poderes públicos no están para hacer asonadas ni para llamar a la insumisión». La vicepresidenta eludió entrar en valorar la sentencia del TSJA, si bien recordó que, hasta el momento, se habían dictado distintas sentencias de varios tribunales que coincidían en el mismo sentido. Aludía la portavoz del Gobierno a otros fallos, como los de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Asturias, que han desestimado las peticiones de objeción de conciencia ante esta materia escolar. Con la base de la sentencia del TSJA, el Ejecutivo regional presidido por Aguirre anunció el jueves que aquellos que se declaren objetores en esta comunidad quedarán exentos de exentos de cursar la asignatura y de ser evaluados el curso escolar que viene. Por su parte, Esperanza Aguirre anunció que la asignatura será sustituida por labores de voluntariado para aquellos alumnos que objeten. La presidenta de la CAM indicó que esta postura no debe interpretarse como una insumisión, amparándose en la sentencia del tribunal andaluz, en la que se subraya «que son los padres quienes tienen el derecho a educar a sus hijos según las convicciones que tengan».