Los fondos mineros invierten ya 274 millones en 174 proyectos de reactivación

A Castilla y León le corresponde ya el 30,58% de los fondos mineros para infraestructuras, frente al 21% que ofrecía incialmente el Plan del Carbón. El porcentaje sigue subiendo Los fondos destinados a la reactivación de las comarcas mineras mueven actualmente en la comunidad (la mayor parte en León, y una pequeña partida en Palencia) 274 millones de euros sólo en el apartado de infraestructuras, a través de la realización de 174 proyectos que pretenden paliar el proceso de reconversión de la minería del carbón. En ellos se incluye el pago de las obras ya ejecutadas correspondientes al Plan del Carbón 1998-2005, los proyectos realizados con el remanente que la provincia recibe del anterior plan y los que se han puesto en marcha en los dos primeros años de vigencia de la nueva programación reactivadora, el 2006 y el 2007. Las reclamaciones sobre el reparto regionalizado de los fondos mineros por un lado, y las nuevas exigencias administrativas para aprobar los convenios por otro, han dilatado la tramitación de estos proyectos. En pocos días la Comisión Regional de Minería dará el visto bueno a los proyectos ya consensuados por sindicatos, municipios mineros y Dirección General de Energía y Minas, para repartir los 75 millones de euros que corresponden a la comunidad en el actual ejercicio. Así, hasta completar un desembarco de al menos 465 millones de euros hasta el 2012, cuando concluya el actual marco del Plan del Carbón. Nuevas exigencias Un plan cuya complicada negociación ya retrasó de inicio su puesta en marcha, pero que en sus dos primeros años de vigencia ha dado una imagen de paralización y retraso que ha desesperado a no pocos. Sin embargo, según los responsables de la gestión de este dinero vital para las cuencas (y para toda la provincia), no sólo no se ha perdido ni un euro sino que se ha logrado incrementar en un 50% la dotación presupuestaria que inicialmente preveía el Instituto del Carbón para la comunidad, y a la que desde el principio se opusieron los agentes sociales. Ahora, tras unos meses de intensa actividad, las inversiones previstas con los fondos mineros tienen un calendario de ejecución claro y los papeles están prácticamente al día. Con un componente muy importante: «Todo se ha consensuado entre sindicatos, municipios mineros y administración autonómica». Así lo explica el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, que recuerda que hasta el pasado mes de septiembre no se firmó el acuerdo complementario que reconocía el derecho de la comunidad a hacerse con un 30% de los fondos del Plan del Carbón destinados a infraestructuras, cuando inicialmente el Gobierno había calculado este porcentaje en un 21%. «Una diferencia que suponía recibir 50 millones de euros al año, y no los 75 que se gestionan ahora. Un porcentaje que, además, va creciendo cada año y a día de hoy se sitúa ya e el 30,58%». La causa es el aumento de las prejubilaciones en la minería, el paro en las comarcas afectadas y la pérdida de empleo minero, los tres criterios según los cuales se calcula el porcentaje de ayudas que debe recibir cada autonomía; y que se revisa periódicamente, según la exigencia de los sindicatos durante la última fase de la negociación del plan. El caso es que en octubre del 2006 se firmó el primer acuerdo entre el Instituto del Carbón y la Junta para aprobar los proyectos a ejecutar en los dos primeros años de vigencia del plan, pero hasta el pasado mes de septiembre no se ratificó definitivamente el acuerdo suplementario al convenio marco inicial (que ya reconocía la cesión del 30% de los fondos). En ese momento los 96 proyectos de reactivación iniciales pasaron a ser 114; y de los cien millones de euros para el bienio se pasó a una dotación de 150 millones. Cuestiones burocráticas A mayores, las nuevas exigencias de la Intervención General del Estado han retrasado la firma de los convenios, aunque no la tramitación de los proyectos en la práctica. En el actual plan la Intervención exige que esté completa la documentación de cada proyecto (autorizaciones, estudios de impacto ambiental,...) para que se firme el convenio, no como antes, que se firmaba al autorizarse la actuación. «Ahora se retrasa la firma, pero los pasos previos a cada proyecto se han ido dando igual. Sólo que la sensación que ha podido dar es la de paralización, pero no es cierta», explica González Mantero.