Las palabras prohibidas Educación pidió dinero al MEC para formar a más de 1.500 docentes en la nueva materia

Un informe elaborado por la organización Profesionales por la Ética, que promueve la objeción de conciencia, sitúa a la comunidad de Castilla y León en el bloque de las que han restringido «los contenidos» de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Según esta asociación, las comunidades gobernadas por el PP -Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana- limitan los contenidos «de carácter ideológico o de mayor impacto en la conciencia moral o el desarrollo afectivo-emocional» que aparecen en el decreto de enseñanzas mínimas de la LOE. Este es el motivo del recurso contencioso administrativo que ha planteado el MEC contra la Junta. Los niños y las niñas de Castilla y León no tocarán en la clase de Educación para la Ciudadanía, al menos por ahora, expresiones como «orientación afectivo-sexual», «homofobia», «feminización de la pobreza», «género» que los detractores de la asignatura tachan de «ideologizadas». Y ello pese a que la ONU acaba de desvelar en un estudio que el 70% de la población pobre son mujeres. El currículo de Castilla y León sustituye «la diversidad social y cultural, la convivencia de culturas distintas en una sociedad plural y el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales» por un enunciado más escueto: «Sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas», añadiendo un capítulo sobre funciones del ejército y de las fuerzas de orden pública. Se ha cercenado también la coletilla de «racional y responsable» de la lección sobre el consumo. El currículo de Castilla y León incorpora conceptos como «violencia legítima» y «violencia ilegítima» en el currículo de Educación Ético-Cívica de cuarto de la ESO, pero suprime el «rechazo a las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión». En el mismo capítulo que el decreto de enseñanzas mínimas dedica a la democracia y la participación ciudadana y a sus instituciones, así como a la correspondencia entre derechos y deberes constitucionales, la Junta habla del poder y de la autoridad y su legitimación, de la democracia liberal y del gobierno de la mayoría. Recorte a las emociones Se elimina de los contenidos de primaria el reconocimiento de las diferencias entre sexos y la identificación de las desigualdades entre hombres y mujeres, así como la valoración de los derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y social. De esta etapa se suprime, igualmente, el apartado sobre «valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás», que el currículo aprobado por el decreto de la Junta de Castilla y León resume en un enunciado mucho más escueto: «Autonomía, voluntad y autoestima». Todo lo relativo a las emociones se encuentra en cuarto de ESO: «Emociones: expresión y control». Para el portavoz de Escuelas Católicas en Castilla y León, Antonio Guerra, «el diseño curricular que ha hecho Castilla y León es bastante respetuoso con nuestros presupuestos». Además, los colegios con ideario propio recuerdan que pueden «adaptar los contenidos sin incumplir la ley». La Consejería de Educación prepara, tras las vacaciones de Semana Santa, la implantación de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en Castilla y León. En un convenio firmado por la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y el consejero de Castilla y León, Juan José Mateos, figuran fondos por importe de 796.708 euros (60% Junta-40% MEC) para formación del profesorado. En concreto, compromete 85 acciones formativas en el ámbito de Educación para la Ciudadanía para 1.530 docentes en toda la comunidad autónoma. En total, se impartirán, según el convenio publicado en el BOE, más de 2.500 horas de formación docente en la nueva asignatura antes de noviembre. El convenio incluye otros fondos para programas bilingües, éxito y dismunición del abandono escolar. El MEC ha dado dinero también bibliotecas escolares (557.000 euros), Internet en el aula (11,5 millones de euros) y cooperación territorial (451.590 euros) y gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (15 millones). Para 2008, la conferencia sectorial ha aprobado ya 10 millones de euros, la mitad para la gratuidad de 0-3 años.